Con precisión y claridad, la abogada Bárbara Charlotte Wurster describió hoy, en uno de los paneles del Foro Internacional de Mujeres contra la Corrupción, cuáles son los mecanismos a través de los cuales Alemania combate la corrupción, de la que aun como país del primer mundo no está exento.
Wurster es vicepresidenta de la Federación de Juristas de Alemania y jefa de la Dirección de Compromiso Ciudadano.
«Alemania es un país, como ustedes ven –dijo Wurster señalando un mapa proyectado en el escenario–, un país con muchos vecinos, con muchas fronteras. Jurídicamente estamos vinculados a la Unión Europea, pero cada uno de los dieciséis estados tiene su propia legislación. Tenemos algo en común con esos otros estados y con otras regiones del mundo: hay corrupción.
«La justicia funciona y los funcionarios están bien pagos, tal vez por eso no haya tantas tentaciones como en otros países, pero la lucha contra la corrupción es una pelea larga y sostenida, y hemos encontrados algunas herramientas que creo que funcionan», anunció.
Según Transparency International, Alemania ocupa el puesto 18 en materia de corrupción, pero en el último año la percepción de conductas corruptas aumentó.
«Como jurista, creo que el principio de legalidad es fundamental para que la democracia funcione. La corrupción en un cáncer mundial, y a través de mi experiencia en el tema sospecho que no se puede luchar contra ella sin decisión política. Sin ese punto de partida, es una batalla perdida», dijo.
Después detalló que los nichos de corrupción en Alemania están previsiblemente ubicados en la esfera donde se juntan lo público y lo privado: adjudicación de terrenos para construcción, licencias, contratos, eliminación de residuos, policía y aduanas.
Desde 1998, la Unión Europea, y también Alemania, aplica la ley de sobornos: si un ciudadano alemán soborna a un funcionario extranjero para concretar un negocio en otro país, es juzgado en Alemania. Lo cual extiende la noción de corrupto: se sanciona no sólo al que cobra sino también al que paga el soborno.
Otro mecanismo eficaz para combatir la corrupción es la Ley de Distribución Presupuestaria. Desde el 2000, las donaciones a los partidos políticos han quedado reducidas y limitadas estrictamente a 1000 euros por año y por persona, y si esas donaciones son anónimas, sólo pueden ser de 500 euros. Han quedado prohibidas las donaciones de empresas privadas a los partidos políticos.
Por otra parte, el Grupo Greco –una entidad supraestatal de gobiernos contra la corrupción–, que se reúne cuatro veces por año en Estrasburgo, evalúa la situación de corrupción en estados europeos. No es vinculante, pero pocos estados se rehúsan a dejarse investigar. Una propuesta del Grupo Greco es aumentar todo lo posible el derecho a la información pública de cada ciudadano: hay una relación directa entre derecho a la información y descenso de corrupción. Finlandia es el ejemplo.
Es el país que menos percepción de corrupción tiene en Europa, y en el que los ciudadanos tienen más acceso a ese tipo de información, desde declaraciones juradas de legisladores y jueces, hasta partidas presupuestarias usadas por cada secretaría de estado.
Wurster concluyó su exposición con una opinión: «La amenaza del castigo no alcanza, las leyes no alcanzan. Es necesario crear en la conciencia colectiva un nuevo código de honor».
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