Las leyes que hay en México para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres son «letra muerta» por la falta de compromiso del Estado mexicano para hacerlas cumplir.
Así lo advirtió la investigadora del Centro de Estudios Superiores y Antropología Social (CIESAS), Aída Hernández, al concluir el Foro «Justicia para Inés y Valentina», que se realizó en la Universidad del Claustro de Sor Juana en esta ciudad, como parte del Día Internacional de la Mujer.
«Lamentablemente hoy las mujeres no tenemos mucho que conmemorar; hoy es un día para recordar todas las cuentas pendientes que tiene con nosotras el Estado mexicano; es el día de unir fuerzas para demandar que el gobierno cumpla todos los compromisos internacionales firmados y ratificados, para que las mujeres tengamos real acceso a la justicia, a una vida digna y libre de violencia», dijo la especialista a Cimacnoticias.
Para la investigadora, si hay algo que conmemorar es que hay mujeres como Valentina Rosendo e Inés Fernández que son capaces de arriesgar sus vidas para demandar justicia para ellas y todas las mujeres que sufren el impacto de la militarización y de la violencia sexual por parte del Ejército y los grupos paramilitares.
Hernández indicó que la lucha de las mujeres es «porque ya no haya más valentinas e ineses, por demandar un real compromiso del Estado mexicano y que repercuta en una vida libre de violencia».
En el foro «Justicia para Inés y Valentina», convocado por Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se demandó el cumplimiento inmediato de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por la agresión sexual cometida por militares contra las dos indígenas tlapanecas en el 2002.
Los ponentes acusaron que a más de seis meses de que la CoIDH emitió sus sentencias sobre ambos casos, el gobierno mexicano no ha cumplido.
Santiago Aguirre, abogado de Tlachinollan, dijo que existen tres aspectos importantes para dimensionar el caso de Inés y Valentina: por un lado la falta de acceso a justicia debido a que el Ministerio Público dimite de su competencia para investigar y cede las investigaciones al fuero militar.
Por otro lado, la falta de acceso a servicios integrales de salud como víctimas de violación sexual y que el Estado debería haber respondido más allá de la búsqueda de pruebas forenses y brindarles la asistencia médica integral que ellas requerían.
Y por último, el riesgo que existe en México para estas dos mujeres indígenas al alzar la voz contra los abusos del Ejército, toda vez que ambas tuvieron que salir de sus comunidades por falta de condiciones de seguridad. Inés Fernández sufrió el asesinato de su hermano, recordó Aguirre.
Alejandra Nuño, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) —organización litigante de ambos casos en el sistema interamericano—, destacó que lo primero que reconoció la CoIDH es el contexto grave de militarización, pobreza, y de lucha contra la delincuencia organizada que afecta a las indígenas en México.
En su resolución, la CoIDH exigió al Estado mexicano reparar el daño, garantizar la seguridad futura de Inés y Valentina, sus familias y las organizaciones civiles que las apoyaron, así como modificar el Código de Justicia Militar para que los delitos de soldados contra ciudadanos sean atendidos por los tribunales civiles.
La Corte también ordenó que se procese a los servidores públicos que obstaculizaron las investigaciones de los casos.
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