La presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) filial Oaxaca, Yéssica Sánchez Maya, afirmó que la retención de presos políticos ?entre ellos cuatro mujeres- en las cárceles locales es una estrategia del gobierno estatal para «mantener rehenes» y evitar movilizaciones.
En entrevista con Cimacnoticias, la activista oaxaqueña apuntó también que la detención de 12 personas, en su mayoría familiares de las y los detenidos en el penal de Miahuatlán el pasado sábado 13 de enero, es un acto de represión e intimidación que pretende inmovilizar a quienes simpatizan con la APPO y a la sociedad organizada que demanda la salida del gobernador Ulises Ruiz.
Sánchez Maya recalcó que aunque han salido otras personas más, quedan algunas que serán como rehenes del gobierno estatal, pues no existen motivos para que se les mantenga detenidas en las prisiones oaxaqueñas. Confirmó que las fianzas fueron pagadas por el Comité de Familiares de Asesinados, Desaparecidos y Presos Políticos de Oaxaca «25 de Noviembre».
Expuso que hay muchas formas de presionar a quienes han perdido su libertad, ahora los detuvieron al concluir una marcha y durante el desalojo de un plantón en las afueras del penal, lo que es contrario a su derecho de manifestarse e incluso los acusan de portar armas y droga, pero antes los presionaban para firmar cartas en contra de la Limeddh y otras organizaciones.
Por otro lado, la activista por los derechos humanos apuntó que el ejecutivo oaxaqueño utiliza a las instituciones, como el propio Tribunal de Justicia del Estado, que está obligado a hacer factible el derecho constitucional de las personas a la fianza, y en cambio ha caído en la dilación de la justicia al no liberar a los presos detenidos en varios penales de la entidad, los cuales ?insistió- serán los rehenes del gobierno.
En este sentido, la presidenta de Limeddh-Oaxaca sostuvo que el Tribunal debería dictar «incidente de desvanecimiento de datos» por falta de pruebas en contra de los presos políticos.
Las mujeres que todavía permanecen detenidas en el penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, a unos 200 kilómetros de esta capital son las hermanas Elia e Hilda Coca Gómez, Edith Coca Soriano y Blanca Mendoza Ramírez. Cabe señalar que entre las personas que policías estatales y municipales detuvieron este viernes se encuentra Miguel López Cruz, esposo de Edith Coca Soriano.
Yolanda Gutiérrez, madre de uno de los detenidos, narró que durante el operativo en que fue desalojado el plantón el pasado sábado tuvieron que correr a refugiarse en domicilios cercanos para no ser detenidos por los policías.
Relató que, en el desalojo de ese sábado, los policías llegaron encañonando sus armasy los obligaron a irse del plantón. «Nos insultaron y detuvieron a quienes los increparon».
La marcha del sábado de realizó entre el centro de esa población y el penal ubicado en la colonia Benito Juárez, hasta donde llegaron unas 300 personas, la mayoría familiares de las y los 15 por su presunta participación en los disturbios violentos entre la Policía Federal Preventiva y la APPO, la noche del 25 de noviembre en la capital de Oaxaca.
También asistieron miembros de la Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de los sectores en la región mixe y mixteca y simpatizantes de la APPO en la región de la Sierra Sur.
Sin embargo, al cierre del acto político, los asistentes detectaron a un desconocido que los videograbó y a quien detuvieron luego de que éste los amenazara con un cuchillo, según relató el profesor Sósimo Aquino Bustamante.
El profesor, del sector cinco de Miahuatlán, apuntó que resultó ser el policía estatal Magdaleno Figueroa, quien se desmayó luego de ser detenido por los familiares ante «su actitud sospechosa», mismo que fue entregado a custodios del penal.
Ello originó que una hora más tarde una centena de policías estatales desalojaran el plantón y detuvieran a algunos de sus ocupantes, así como a familiares de los presos que habían participado en la marcha poco antes.
Por otra parte, las y los 15 presos políticos detenidos en Miahuatlán emitieron un comunicado dirigido a la opinión pública en el que condenan «el primitivismo y barbarie que es el distintivo primordial del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, que se conduce con impunidad con la complacencia del gobierno de Felipe Calderón», exponen luego del desalojo del sábado 13 de enero.
Exigen se investigue a los funcionarios o personas que solicitaron la intervención de la fuerza pública y se finquen responsabilidades toda vez que atentó contra la libertad de expresión y de manifestación de las ideas, apunta el documento, en el que acusan a los titulares de los gobiernos estatal y federal «de todas las arbitrariedades, daños y perjuicios que se ocasionen a nuestros familiares y amigos que se solidarizan con nosotros debido a que somos inocentes de los cargos que se nos acusa».
El documento está firmado por los 11 hombres y cuatro mujeres que todavía permanecen detenidos en el penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Este domingo en la capital oaxaqueña se realizó otra manifestación, donde participaron unas tres mil personas para protestar por la actuación del gobierno estatal al reprimir una manifestación el pasado sábado y desalojar un plantón de familiares.
Con consignas en contra de Ruiz Ortiz y de Felipe Calderón los manifestantes marcharon desde el Monumento a la Madre, en el acceso poniente de esta capital hasta la Plaza de la Danza, a unas cuadras del zócalo capitalino ya que el primer cuadro de la ciudad permanece «acordonado» por vallas metálicas y cientos de policías estatales.
En el mitin se anunció la realización de una marcha para el próximo 3 de febrero en esta capital, para exigir la libertad de los 69 presos políticos detenidos en diferentes penales del estado.
07/SJ y JM/GG/CV
