El asesinato de mujeres en Guatemala ha sido denunciado por las mujeres organizadas de este país, por la Agencia CIMAC y Mujereshoy, así como por diferentes medios especializados o de información general, no obstante el poder, manifiesta sordera. Es sordo, totalmente sordo.
Si, sordo porque no es posible comprender que en tan sólo un año hayan asesinado a 450 mujeres y el número de víctima llega a mil 400 en cinco años. ¿Existe el poder judicial en Guatemala? ¿Qué pasa señores políticos? ¿En qué estado se encuentra la legislación?
Los gobiernos que tienen acuerdos, comercialización, inversiones, cooperación con Guatemala deben tomar cartas en el asunto porque en este país de 11.5 millones de habitantes la impunidad permite que cada día mujeres de todas las edades pierdan la vida. ¿Por qué no se investiga?
Las miradas se dirigen a bandas criminales -los maras- personas cercanas o a la policía, según un artículo de Le Monde, publicado también por el diario El País. No se sabe quien es el autor. Impunidad total.
En el Informe Sombra sobre la situación de los derechos Humanos de las mujeres en Guatemala que publica en Internet el Equipo Nizkor y Human Rights, hace tres consideraciones para contextualizar el marco de violaciones de los derechos humanos de las mujeres:
La primera, como resultado de 36 años de conflicto armado, los efectos de la guerra ahondaron causas estructurales de pobreza, discriminación y violencia que afectaron de manera preponderante a las mujeres, a las niñas y niños y a los pueblos indígenas.
Segundo, el proceso que finalizó con la firma de los Acuerdos de Paz, permitió espacios de participación social y de propuesta política que tendrían posibilidades de profundizarse, si existiera mayor voluntad política por parte del Estado guatemalteco en el cumplimiento de los Acuerdos, Pactos y Convenciones que ha firmado y/o ratificado para hacer que se respeten los derechos humanos de las mujeres.
Y, un tercero, el retorno de políticas de seguridad nacional y de representantes del Estado -señalados de genocidio y delitos de lesa humanidad-, al espacio de los poderes ejecutivo y legislativo, cierran posibilidades y espacios reales construidos por las mujeres y el movimiento social en sus esfuerzos por crear democracias respetuosas de la dignidad humana.
El informe, que contempla entre otros el grado de discriminación de que son objeto las indígenas presentó varias recomendaciones de las cales subrayo la primera: «Que el Estado guatemalteco de cumplimiento cabal a lo ratificado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención de Belem do Pará, el Convenio 169 de OIT y que ratifique con prontitud el Protocolo de la CEDAW».
De algo debemos estar seguras las mujeres del mundo, las organizaciones sociales y de derechos humanos y demócratas de cualquier latitud: Las mujeres de Guatemala necesitan ya nuestro apoyo, nuestra solidaridad y compromiso.
2005/FC/SJ
