El Consenso de Monterrey, documento que signarán 50 jefes de Estado la semana próxima, es débil cuando se refiere a las políticas nacionales e internacionales con enfoque de género, por lo que los organismos no gubernamentales deben incidir con propuestas críticas y viables para mejorar la condición femenina en las próximas décadas, coincidieron ayer feministas.
Al participar en el Foro Global: Financiación para el Derecho al Desarrollo Sustentable y con Equidad, la estadounidense Janice Goodson, de la red de grupos feministas Wedo, resaltó como positiva la recomendación en el documento de la ONU para que los gobiernos integren el enfoque de género en toda su política de desarrollo, la protección de los derechos laborales de las mujeres y el empoderamiento de la población femenina.
Al compromiso que será signado por los gobiernos la próxima semana en la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, le falta concreción en lo que respecta a la realidad de la población femenina mundial, señaló.
En la Mesa 1 «¿Cómo pueden los gobiernos movilizar recursos nacionales para financiar el desarrollo humano y sustentable, y cuáles son los mecanismos más adecuados para lograrlo?», Goodson hizo un balance del Consenso de Monterrey, y llamó a que las ONG expliciten durante la conferencia de la ONU los conceptos de género para lograr un desarrollo sustentable con equidad.
Las propuestas de las mujeres deben girar, sostuvo, en la elaboración de presupuestos de gobierno desagregados por sexo que aseguren transparencia en el manejo de los recursos, así como la presencia del enfoque de género en la política macroeconómica de los países. Otra propuesta se refiere a que los gobiernos elaboren leyes inteligentes que permitan monitorear el trabajo de las multilaterales.
Por su parte, la integrante de la Organización del Tercer Mundo, Zo Adriamanano, coincidió con Goodson en que el Consenso de Monterrey contiene elementos positivos para las mujeres, pero denunció que ese documento «refuerza la marginación de la población femenina, la infancia, los pobres y en general de los países desarrollados».
«Al impulsar la movilización de los recursos internos de las naciones en desarrollo, ese texto empuja a una mayor explotación laboral de las mujeres, quienes además pagan diariamente su ‘impuesto de trabajo doméstico’.»
Destacó que con el auge de la militarización internacional bajo el pretexto de la amenaza terrorista, los recursos para el desarrollo se desvían a los sistemas de defensa.
Finalmente, Adriamanano, cuyo país de origen es Ghana, llamó a las ONG a criticar «fuertemente» el Consenso de Monterrey, pero sin olvidar «la ventana» que ofrece la próxima cumbre de Naciones Unidas para incidir con propuestas alternativas, y así conseguir la igualdad de género en las políticas económicas de los gobiernos y los organismos multilaterales.
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