La joven indígena Valentina Rosendo Cantú y su esposo Fidel Bernardino Sierra anunciaron que mantendrán su demanda de justicia contra los soldados del Ejército Mexicano, por el ataque y la violación de la cual ella fue objeto.
Informaron que el pasado miércoles 6 de marzo se presentaron en la comunidad de Barranca Bejuco oficiales del ejército para «iniciar la averiguación previa» sobre el hecho denunciado a los medios de comunicación y Comisión Nacional de Derechos Humanos.
«Incluso admitieron que, de acuerdo a las circunstancias, los soldados pudieron haber cometido el delito» afirma un comunicado firmado por la pareja.
Afirmaron, además, que ante la presencia del «ministerio público militar» César Alejandro Rivera Castiillo, de la 35 zona militar, se hizo una reconstrucción de los hechos en la que participó Valentina Rosendo.
La pareja de origen tlapaneca -o me’epa– acusaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de adelantarse a la investigación de esta violación «que su mismo personal inició», rechazando denuncias antes de que se lleven a cabo las investigaciones.
La Sedena había desmentido ayer las acusaciones contra militares por la violación de la indígena tlapaneca el pasado 16 de febrero, en una zona cercana a Ayutla de los Libres.
A la afirmación de la Secretaría que las acusaciones se dan «para tratar de desacreditar las actividades del personal militar», el comunicado afirma que el Ejército trata de esconder sus atropellos a la población civil en la lucha contra el narcotráfico. «Es un secreto a voces la convivencia del narco con el poder», declararon.
El 16 de febrero pasado, Valentina Rosendo Cantú, mientras lavaba en el arroyo a 200 metros de su casa, fue interrogada y violada por un grupo de seis soldados que buscaban presuntos encapuchados -miembros de grupos guerrilleros- entre los varones de su comunidad.
Diez días después, la comunidad de Barranca Bejuco, con el apoyo de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIMPT) envió la queja a la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Las declaraciones del Ejército desmintiendo inmediatamente acusaciones contra sus efectivos, ha sido una respuesta usual a este tipo de acusaciones, como en el caso de las tres tzeltales violadas en Chiapas en 1994, cuyo caso está hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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