Con una indemnización fuera de la ley, sin castigo a los responsables y sin haber gestionado una unidad médica en El Camalote, Guerrero, el Gobierno del estado y la Secretaría de Salud (SS) en la entidad no cumplieron cabalmente con la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la esterilización forzada de habitantes de esa población, ubicada en La Montaña de Guerrero.
El 15 de abril de 1998 y el 11 de julio del 2001, una brigada sanitaria, integrada por el médico general operativo Ernesto Guzmán León, el promotor médico Rafael Almazán Solís y la enfermera Mayra Ramos Benito Silverio, cooptaron a los indígenas Bibiano, Bonifacio, Crisóforo, Artemio, Modesto, Manuel, Julio, Marcelino, Cipriano, Lázaro, Mauricio, Arnulfo y Pascual para realizarles una vasectomía, bajo la promesa de que les darían beneficios gubernamentales, como una clínica, médico, medicamentos, despensas, ropa, cobijas, vivienda y becas.
Pero pasó una década y ninguna de estas promesas se cumplió, por lo cual los indígenas denunciaron a las autoridades sanitarias ante la justicia, por haber violado su derecho constitucional a la salud y, por tanto, sus derechos humanos.
En respuesta al caso, la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero emitió la recomendaciones 035/2004 y la CNDH la 066/2007, en las cuales ambos organismos confirman que se violaron los derechos humanos de los indígenas de El Camalote y que les fue afectada su capacidad y salud reproductiva de manera total.
Ante la denuncia, el Gobierno del estado entregó láminas, cemento y un tinaco a los indígenas esterilizados y el pasado 30 de julio dio como indemnización a los indígenas 30 mil pesos.
Esa cantidad, señala Tlachinollan, fue producto de una negociación con la SS y los indígenas aceptaron debido al desgaste que ha implicado para ellos estos 10 años en que han estado esperando justicia, pues la Ley establece como máximo por concepto de indemnización la cantidad de 216 mil 810 pesos y el mínimo de 86 mil 724 pesos.
Durante ese proceso de negociación con los afectados, el Gobierno de Guerrero le apostó a la división del pueblo de El Camalote, en un intento por desmantelar también la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), a la cual pertenece gran parte de la comunidad, señala Tlachinollan.
De esta forma, el Gobierno había entregado el material de construcción al Comisario de ese lugar, un familiar de Romualdo Remigio Cantú, señalado por la OPIM como paramilitar y como la persona que acusó a 5 integrantes de esta organización, entre ellos a una de las personas esterilizadas, como responsables del asesinato de Alejandro Feliciano, informante del Ejército, acusación que los mantiene en la cárcel de Ayutla.
Sin embargo, en «lamentables» declaraciones públicas», el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo asegura que «cumplió» con la recomendación, «aunque legalmente no hay obligación», señala Tlachinollan.
Demanda la ONG al Gobierno del estado, por todo lo anterior, que dé cumplimiento cabal a la recomendación 066/2007, porque lo entregado no constituye una reparación real a sus derechos violados, que las autoridades están obligadas a garantizar porque México asumió el compromiso al firmar y ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Se trata, dice Tlachinollan, de una reparación «parcial» que dio la SS a la recomendación de la CNDH para que indemnice a los 14 indígenas me´phaa (tlapanecos) de El Camalote, municipio de Ayutla, que fueron esterilizados de manera forzada en 1998 y 2001.
Además, la dependencia encargada de la salud en el estado no reconoce que cometió una violación a los derechos humanos de los indígenas, al omitir una sanción administrativa en contra de la bridada médica que esterilizó con engaños a los indígenas.
Hay un cumplimiento a «medias», añade la ONG, porque el gobierno no ha gestionado la Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) para la rústica unidad médica que existe en El Camalote y que garantizaría el derecho de acceso a la salud de los indígenas afectados y sus familias, quienes forman parte de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM).
Solicita además el Centro Tlachinollan que el Gobierno de Guerrero tome las medidas necesarias para evitar que en lo sucesivo la Secretaría de Salud repita actos de esta naturaleza.
OTROS CASOS
Dicho caso no es aislado, porque antes, en las comunidades de La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán, también del municipio de Ayutla de los Libres, otros 16 indígenas Na´savi (mixtecos) fueron convencidos para practicarse la vasectomía, bajo el mismo método de promesas y engaños.
Incluso por este hecho la Codehum emitió la recomendación 041/99, pero ante el incumplimiento por parte de la Secretaria de Salud, fue remitida ante la CNDH quien confirmó el veredicto local mediante la correlativa recomendación 18/2001, que tampoco ha sido acatada a cabalidad.
08/GG
