A pesar de que el Seguro Popular de Salud se instauró en México para proporcionar servicios a la población no derechohabiente -en su mayoría de bajos ingresos, indígenas y rurales- en la práctica no llega a los más vulnerables debido a que el sub-ejercicio de recursos provoca una falta de infraestructura y de cobertura.
Así lo señala Mariana Pérez, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación y autora del texto «Sistema de Protección Social en Salud: ¿Avances para la realización del derecho a la salud en México?» que se incluye en el libro Cinco miradas sobre el derecho a la salud.
Durante la presentación del libro que se realizó este martes en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Mariana Pérez señaló que el Seguro Popular todavía deja mucho que desear para el pleno ejercicio del derecho a la salud.
En la investigación, que comprende un análisis de 2004 a 2007, se identifica que los recursos existentes no son aprovechados a pesar de las innegables carencias que existen en el sector. Esto significa que el impacto del Seguro Popular en la disminución de las desigualdades y el disfrute del derecho a la salud sigue sin concretarse.
Desde 2004 y hasta 2008, el monto total asignado al Seguro Popular ha aumentado más de13 veces, es decir su presupuesto creció en casi 30 millones de pesos. En 2004 este programa recibía únicamente el 9.2 por ciento del total de recursos asignados a la Secretaría de Salud (SS) y para 2008 su presupuesto llegó a representar el 54 por ciento del presupuesto de esa dependencia.
Para la investigadora, la transparencia y rendición de cuentas no es clara en el ámbito de la salud, esto debido a que los recursos del Seguro Popular, que provienen de dos fondos, el de Protección contra Gastos Catastróficos, que aporta un 8 por ciento y el de Previsión Presupuestal, están en sub-ejercicio de hasta el 75 por ciento.
Señaló que en el periodo 2004-2007 se destinó un total de 3 mil 03 millones de pesos en infraestructura nueva para el Seguro Popular, dinero del que sólo se erogó mil 05 millones de pesos, es decir, se invirtió el 30 por ciento del total de los recursos disponibles para la precaria infraestructura en salud que existe en México.
En 2003 se aprobó la reforma a la Ley General de Salud (LGS), la cual incorporó al Seguro Popular como principal mecanismo de protección social y trazó las reglas generales de financiamiento para así garantizar los servicios de salud y evitar que las familias gastaran 53 por ciento en salud, el Estado 45 por ciento y el sector privado 3 por ciento.
PENDIENTES SIN RESOLVER
Los recursos destinados a la atención de la salud y específicamente al Seguro Popular se han incrementado de forma sostenible desde 2004, sin embargo, los resultados sobre afiliación, servicios, recursos humanos, e infraestructura, no reflejan este incremento en el presupuesto del programa.
Si bien es cierto que la infraestructura y recursos humanos son elementos esenciales para asegurar la disponibilidad y la calidad de los bienes y servicios de salud y que el Estado es responsable de asegurar que la distribución de las unidades médicas y la disposición de personal calificado sean suficientes para atender las necesidades de salud de la población, en la práctica esto no se ve.
Las necesidades de salud que demanda la gente quedan insatisfechas con la inequidad en la distribución e inversión de los recursos. Así, por ejemplo, Chiapas, que tiene un alto nivel de marginación sólo cuenta con 31 unidades médicas, mientras que Nuevo León, uno de los estados con mejor nivel de vida en el país cuenta con 181 unidades.
Esta misma investigación señala que hasta 2007 se contaba con 1.3 médicos, 0.7 camas y 0.6 consultorios por cada mil habitantes, lo que no sólo demuestra la insuficiencia de recursos para atender a los más de 50 millones de personas que acuden al sector público de salud, sino que, en el periodo de análisis del estudio, «la puesta en marcha del Seguro Popular no ha implicado un aumento significativo en la disponibilidad de insumos básicos», afirma la investigadora.
Por otro lado, en los estados donde el porcentaje de personas sin seguridad social es menor, como sucede en el caso de Colima y Aguascalientes, es donde la cobertura de afiliación aparece incluso como sobrepasada. En tanto, entidades como el Distrito Federal, Michoacán y Veracruz, con altos porcentajes de población sin seguridad social -superan el 40 por ciento de su población en esta situación- tienen un menor número de afiliados.
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