Amnistía Internacional (AI) recomendó hoy al gobernador de Oaxaca, José Murat, la creación de una fiscalía especial para atender los casos de tortura, intimidaciones y amenazas contra defensores de derechos humanos, informó hoy Esteban Beltrán Verdes, representante de ese organismo en España.
En conferencia de prensa en la capital oaxaqueña, consideró positivo el primer diálogo realizado este lunes entre AI y el gobernador oaxaqueño, y el rechazo a la violación a los derechos humanos que el mandatario hizo públicamente, cuando a petición del organismo condenó la tortura y enfatizó la labor legítima que realizan los defensores de derechos humanos.
Sin embargo, lamentó que no asumieran la misma actitud los representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes además no reconocen que en los últimos 10 años se hayan presentado casos de tortura en la entidad.
Lo anterior, dijo puede reflejar que no hay voluntad de erradicar la tortura y en nuestra opinión debería claramente reconocer que la hay, en todos los estados ocurre y aquí la hemos constatado por la información recibida.
Beltrán Verdes añadió que durante la visita de tres días a Oaxaca organismos civiles les presentaron varias denuncias por amenazas, intimidaciones y hostigamientos contra los defensores de derechos humanos, ya que en ninguno de los casos presentados por AI se ha encontrado a los responsables y las medidas de seguridad son claramente insuficientes.
El enviado de AI dijo que el gobierno estatal se comprometió a agilizar las investigaciones de todos los casos que se han presentado y hacer todos los esfuerzos para hallar a los culpables, se trata de casos de tortura, hostigamiento y amenazas contra defensores de derechos humanos.
Anunció que se realizará un trabajo conjunto entre el gobierno estatal y los organismos civiles defensores de derechos humanos, a través de dos vías, una de investigación y otra de protección, para lo cual ambas instancias deberán elaborar un plan de trabajo.
Agregó que AI propuso al gobierno hacer cambios sustanciales en las líneas de investigación para acabar con la impunidad de la tortura, para lo cual serviría la fiscalía especial, un cuerpo de investigación independiente.
Reiteró que la tortura es un asunto grave en Oaxaca, y pese a que no dio cifras del número de denuncias presentadas, señaló que «podríamos hablar de decenas de casos… de bastantes…, son casos serios y la mayoría fueron cometidos por elementos de seguridad, como sucedió entre 1996 y 97 en la zona de los Loxicha».
Afirmó que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sergio Segreste Ríos, no puede deslegitimar el trabajo de un organismo como éste, porque tendría que deslegitimarse a el mismo, luego de que el ombusman oaxaqueño cuestionó el trabajo de los organismos no gubernamentales.
Rechazó el resultado oficial de las investigaciones de la muerte de la defensora veracruzana, Digna Ochoa, y consideró que junto con el de Griselda Teresa Tirado Evangelio, abogada y consejera del IFE en Puebla asesinada hace tres semanas, son meras intimidaciones al trabajo que realizan las y los defensores de derechos humanos en México.
El cinco por ciento de los organismos que integran la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos está presidida por mujeres y la misma cantidad de casos de tortura han sido presentados por mujeres.
2003/SJ/MEL
