Esta mañana la empresa Industrial Minera México (IMM), responsable de la muerte de 65 mineros en la mina 8 de Pasta de Conchos, en San Juan Sabinas, Coahuila, suspendió «indefinidamente» el rescate de los cuerpos de los mineros atrapados desde el 19 de febrero de 2006.
La decisión, es «absolutamente ilegal», señaló Manuel Fuentes Muñiz, representante legal de las familias de Pasta de Conchos, quien agregó que no se pueden suspender los trabajos sin la autorización de la Secretaría de Economía, de las autoridades laborales y de peritos independientes que verifiquen el «estudio» que mandó a hacer la empresa y en el que se basa esta decisión.
Ante la sorpresa, la desesperación y los reclamos de 40 mujeres, esposas de los mineros, el doctor Enrique Valverde Durán, médico de IMM y Óscar Kauffman, vocero de la empresa, informaron que los trabajos de rescate se suspendían indefinidamente.
Parapetrados en la bocamina, donde desde hace 13 meses y 8 días familiares y viudas han hecho una guardia permanente, instalados en un campamento y un altar, los funcionarios explicaron que no reanudarán la búsqueda hasta que no reciben una orden contraria de las autoridades competentes, informó el abogado de los familiares, Fuentes Muñiz. Por ello, agregó, la intervención del gobierno federal debe ser inmediata.
Elvira Martínez, una de las 64 viudas de Pasta de Conchos, exigió en marzo a la secretaría de Economía el retiro de la concesión a IMM, sin que hasta ahora haya recibido alguna respuesta. Esa secretaría, mediante acuerdo del 11 de noviembre de 2002, es la responsable de la extracción de carbón mineral en la Cuenca Carbonífera y por tanto tiene también la obligación de vigilar las condiciones de trabajo de los mineros.
EL CIERRE
El argumento de la empresa fue que el especialista Daniel G. Woonton, quien estuvo analizando la situación los días 26, 27 y 28 de marzo últimos, afirmó que existe contaminación bacteriológica en perjuicio de toda la población. Que el agua almacenada en el interior de la mina está contaminada. También dijo que existe la posibilidad de nuevos accidentes por la carga de trabajo de los obreros que trabajan en el rescate.
Insistieron los funcionarios de IMM que la mina sigue gasificada, que los contenidos de gas grisú son muy altos y que el peligro de un nuevo accidente los obligó a suspender indefinidamente los trabajos de búsqueda y recate de los 63 cuerpos atrapados.
Con esta decisión se pretende liberar las responsabilidades homicidas de los dueños de IMM, las que corresponden a la Secretaría del Trabajo, al Seguro Social y al Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos, toda vez que sin cuerpos es absolutamente ilegal que se tramiten las pensiones de viudez y orfandad para las 64 viudas y los 106 huérfanos.
Las viudas, entre ellas Rosa María Mejía y Elvira Martínez, están totalmente desconcertadas. Ellas y al menos 40 más, solamente están solicitando, de manera insistente y pertinaz, que les sean entregados los cuerpos de sus esposos. Quieren sepultarlos.
Dejar de hacer los trabajos de rescate, además, podría significar un nuevo hecho de impunidad en la Cuenca Carbonífera de Coahuila, donde más de 116 explosiones a lo largo de 123 años ha dejado más de mil 600 muertos, sin que se haya dado, en una sola ocasión, alguna respuesta a deudos, viudas y huérfanos.
Durante el último año quedó ampliamente demostrado que la IMM no cumplió las recomendaciones de seguridad e higiene que exigían la seguridad de la mina 8 Pasta de Conchos, considerada peligrosa desde 1999, en que fueron detectados variados y diversos desperfectos, falta de ventilación, además débiles y mal colocados.
Los estudios y la investigación realizada por la Secretaría del Trabajo, las condiciones de inseguridad y la documentación entregadas a las procuradurías del estado de Coahuila y la Federal de la República, originaron una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que evidencian responsabilidades penales para directivos de IMM, de la Secretaría del Trabajo y de la dirección sindical.
Además la contratista General de Hulla inscribió a más de 37 trabajadores con salarios menores a los que recibían los trabajadores, lo que hará un impacto negativo en las pensiones a que tienen derecho los deudos.
Viudas, organizaciones de derechos humanos independientes, abogados y pobladores de la Cuenca Carbonífera han insistido en que en Pasta de Conchos debe haber justicia. Existe también un estudio que responsabiliza a las empresas de la Federación Internacional de Trabajadores Mineros (FITIM) y numerosas expresiones de solidaridad en todo el mundo, que con la complicidad de las autoridades judiciales, del trabajo y de la Secretaría de Economía, son desoídas, afirmaron las viudas de Pasta de Conchos.
07/SL/GG
