El Congreso del estado de Tamaulipas elevó las penas contra quienes cometan los delitos de pornografía, corrupción y prostitución sexual de menores de edad e incapaces, al aprobar el pasado jueves13 de diciembre reformas al Código Penal del estado.
Por unanimidad, el pleno decidió acrecentar la penalidad establecida con relación a los delitos sobre explotación sexual y comercio de menores, «ya que estos vulneran el libre desarrollo de la personalidad del menor, circunstancia que entraña un grave trastorno para la vida de los menores víctimas de este tipo de delitos».
Para quien incurre en el delito de corrupción de menores se hace acreedor a una sanción de 5 a 10 años de prisión y multa de 400 y hasta mil días de salario. Cuando el delito se realiza reiteradamente sobre la víctima, la pena se elevará de 6 a 12 años de cárcel y multa de 500 a mil 200 días de salario.
A quien incurra en pornografía contra menores de edad se le aplicará de 10 a 18 años de prisión y una multa de 5 mil a 12 mil días de salario.
Al responsable de prostitución sexual de menores de edad e incapaces se le aplicará de diez a dieciocho años de prisión y multa de cinco mil a doce mil días salario, e inhabilitación para desempeñar cargo de tutela, custodia y para adoptar.
Durante la sesión, en la que fueron desahogados 16 dictámenes, el pleno legislativo dejó claro que todo estado debe reconocer el derecho de las personas menores de edad a ser tratados con dignidad y respeto en el marco de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que tienen como niñas, niños y adolescentes, así como quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho.
«Sobre todo si consideramos que hoy 4 de cada 10 mexicanos tienen menos de 18 años, lo que significa que en el país viven aproximadamente 40 millones de niñas, niños y adolescentes, cifras de igual forma considerables a escala mundial, ya que dicho segmento social constituye el 36 por ciento de la población total.
La legislatura sustentó su acción de reforma en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas en 1989, la cual fue suscrita y ratificada por 192 países y adoptada por México en 1990.
Dicha Convención establece, entre sus lineamientos, la obligación de los Estados de proteger a las niñas, niños y adolescentes contra todas las formas de explotación y abusos sexuales de que puedan ser objeto, y de adoptar las medidas necesarias para impedir y combatir estas aberrantes situaciones.
07/RMR/GG
