Nayela, de 18 años de edad, fue condenada a una pena de cárcel por practicarse un aborto clandestino, mientras su esposo, Pablo Cazares Robledo, de 19 años y quien le habría dado «dos pastillas» para provocárselo, según declaró ella, fue puesto en libertad.
El hecho, investigado por las autoridades judiciales ante el hallazgo de un feto en la vía pública, puso nuevamente en evidencia el debate que existe en la entidad sobre el tema y que se refleja en la existencia de dos iniciativas de ley contrapuestas, presentadas el año pasado en la Cámara de Diputados de la entidad por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN).
La prisión de Nayela se dictó tomando en cuenta el Código Penal del estado que, de acuerdo con su Capítulo VII, tipifica como delito el aborto cometido «en cualquier momento de la preñez». Y castiga, según el Artículo 357 «a la mujer que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar», a quien «se le impondrá una sanción de uno a cinco años de prisión».
Sin embargo, el esposo de Nayela no fue penalizado, a pesar de que en el Artículo 358 del mismo Código se indica que se impondrá sanción de uno a cinco años de prisión «al que hiciere abortar a una mujer» con el consentimiento de ella. Y cuando no hubiera consentimiento, la prisión será de tres a seis años. Mayor aún, hasta los ocho años, «si mediare violencia física o moral.
Pero a pesar de las prohibiciones, el aborto se practica clandestinamente, por lo cual no existen cifras exactas sobre su ocurrencia en la entidad, como indicó en abril pasado el diputado del PRD Pedro Alonso Pérez. Es del dominio público, dijo en una conferencia de prensa, que la mayoría de las mujeres que acuden a clínicas privadas de Estados Unidos para practicarse un aborto proceden de México, especialmente de Tamaulipas.
En clínicas de Texas, precisó, las mujeres pagan 375 dólares por hacerse un aborto, el cual se les practica y en unas horas salen por su propio pie, sin ningún problema.
No ocurre lo mismo con las mujeres pobres, quienes acuden a lugares inapropiados para la interrupción del embarazo, explicó, pues de acuerdo con reportes médicos, sólo en el Hospital General en Tampico cada semana unas cuatro mujeres de entre 14 y 20 años son atendidas de urgencia por presentar complicaciones por abortos mal hechos; y en muchos de los casos estas pacientes quedan imposibilitadas para ser madres de por vida, pues se les tiene que extirpar la matriz para salvarles la vida.
DISCRECIÓN
El Código Penal del estado dice además, en su Artículo 259, que la prisión será de menor duración (de 6 meses a un año de duración) si «la mujer que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar» no tiene mala fama, haya ocultado su embarazo y que éste no sea resultado de unión matrimonial o concubinato.
Y no se sancionará el aborto (Artículo 361) cuando sea causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada; cuando el embarazo haya sido resultado de una violación; y cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte o de un grave daño a su salud a juicio del médico que la asista, oyendo éste la opinión de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.
LAS INCIATIVAS
La iniciativas presentada en junio pasado por el Julio César Martínez, del PRD, incorpora como causal del aborto razones socioeconómicas justificadas y afectación del proyecto de vida de la mujer, entre otros, como reportó Cimacnoticias en su momento. Y es similar a la propuesta que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y que dio origen a la Interrupción Legal del Embarazo en febrero pasado.
Señala además la iniciativa que pueden ser causales para el aborto el que la mujer sea portadora del VIH-SIDA y haya malformaciones genéticas del producto, pero siempre y cuando la etapa de gestación no supere las 12 semanas. Sin embargo, reconoce el PRD que es difícil que dicha iniciativa alcance consensos, pues tanto el PAN como el PRI se han manifestado en contra.
Tampoco el secretario de Salud de la entidad, Rodolfo Torre Cantú, la apoya, como ha declarado ante los medios de comunicación: «en lugar de promover una ley de despenalización del aborto, se deberían endurecer las penas para quienes hagan este tipo de prácticas» (Cimacnoticias 2/05/07).
Comentó entonces que el despenalizar no es la solución al problema de salud que representa la muerte de mujeres por recurrir a la suspensión clandestina del embarazo; y se pronunció porque se mantenga la ley como está actualmente.
En sentido contrario al PRD, al oficializarse la iniciativa de este partido sobre la legalización del aborto, el PAN «desempolvó» también una iniciativa sobre el tema, propuesta desde 2005, en la cual impulsa una modificación a la Ley de Salud, para que entre otras cosas se regule: La atención materno infantil, vigilancia y prohibición de la práctica ilegal del aborto», informó el diputado Alejandro Sáenz Garza (Cimacnoticias 2/05/08).
Demanda además la vigilancia y cuidados de la madre y el producto de la gestación, que se garantice el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción y hasta su nacimiento. Y propone que la Secretaría de Salud realice acciones de vigilancia, que tengan por objeto evitar y detectar la práctica ilegal del aborto.
La iniciativa obliga además a los profesionales de la medicina, y a cualquier persona que tengan conocimiento de hechos que contravengan la ley, a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.
UNA HISTORIA DE TANTAS
Nayela y Pablo son padres de un niño que no llega a los dos años de edad y antes del 19 de febrero habitaban en el fraccionamiento Industrial de esta capital. La tarde de ese día, cerca de su domicilio en un puente ubicado sobre el Libramiento Naciones Unidas, un hombre que transitaba por ahí se percató que había una bolsa negra, pisada por las llantas de un camión recolector de basura. Contenía un feto, por lo que dio aviso a las autoridades policíacas, cuyas investigaciones dieron como resultado la detencióndel matrimonio.
En las primeras declaraciones ante los agentes, la joven aseguró que fue su esposo quien le dio a tomar dos pastillas para provocarse el aborto, pero él siempre afirmó estar ajeno a los acontecimientos. Ello le valió su libertad, dejando a su esposa como única responsable del delito de aborto.
El caso recuerda lo dicho por el diputado Julio César Martínez (Cimacnoticias 2/05/07): «más allá de fanatizar el tema del aborto, como lo está haciendo la iglesia y otros grupos conservadores, incluido el PAN, es necesario visualizar el tema como un problema de salud pública que no sólo causa la muerte y deja secuelas clínicas en las mujeres, sino que llega a castigarlas penalmente.
Cuando la ley castiga a las infractoras, sólo les hace pagar el hecho de ser pobres y de no haber recibido educación sexual. No hay mujer que aborte por placer, sentenció.
08/BC/GG/CV
