Un análisis hecho por la Defensoría del Pueblo a 45 expedientes judiciales, de casos de mujeres asesinadas por sus parejas, mostró que el sistema judicial peruano no responde adecuadamente para condenar estos delitos.
En el portal Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), Eugenia Fernán-Zegarra, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, señaló que los errores del Poder Judicial al sentenciar estos casos radican en que se imponen penas menores, no se tienen en cuenta hechos de violencia anteriores al que se juzga y se establecen montos muy bajos de reparación civil.
VACÍOS LEGALES
El estudio incluyó la revisión de expedientes de asesinatos de mujeres en cinco regiones: Lima, Junín, Puno, Ayacucho y San Martín. En todos los casos los agresores culparon a sus víctimas.
El 13 por ciento de los procesados fue absuelto, aún cuando se los acusaba de homicidio o parricidio. Solo el 66.7 por ciento fue condenado.
Dicho porcentaje corresponde a 30 expedientes, de los cuales 12 recibieron entre 10 y 14 años de condena, 11 menos de diez años y sólo 7 más de 15 años.
Fernán-Zegarra resalta la poca sensibilización de los magistrados ?al dejar en libertad a los agresores? y los vacíos del Código Penal al no establecer sanciones específicas frente a los diversos tipos de violencia contra la mujer.
Luis Lamas Puccio, abogado penalista, señala que son preocupantes los vacíos del Código Penal. «El primer error es no tener tipificado el delito de feminicidio y sus variantes, cada una de ellas con penas de cárcel y montos de reparación civil claramente establecidos, sobre todo porque los índices de violencia contra la mujer en el Perú continúan en aumento», dice.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), durante 2009 el Perú encabezó los índices regionales de muertes de mujeres a manos de su pareja, con 117 casos.
Lamas Puccio considera que los vacíos legales son, en parte, responsables de la poca sensibilidad que algunos magistrados aplican al emitir sentencias. Al respecto, en el Congreso de la República se guardan, desde el año pasado, tres proyectos de ley que buscan tipificar este delito, pero hasta ahora no han sido llevados al pleno.
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