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Tardanza de AVG evidencia que SNPASEVM “no sirve”

Por Anaiz Zamora Márquez
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El gobierno del Estado de México demoró cinco años en reconocer que en la entidad existe violencia sistemática contra las mujeres, lo que evidencia que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) no cumple con sus funciones y se desempeña con base en “intereses partidistas”.
 
Así lo dijo en entrevista con Cimacnoticias Nancy López Pérez, directora del área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que en diciembre de 2010 –en conjunto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)–  solicitó la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, mecanismo de emergencia que finalmente fue solicitado para 11 municipios por el gobernador Eruviel Ávila Villegas.
 
Ayer en un acto público, el mandatario estatal anunció que el Gobierno del Estado de México (GEM) solicitó la activación de la AVG en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
 
“Este es un triunfo para las organizaciones, porque lo que hizo (el gobernador) fue refrendar lo que habíamos señalado desde hace cinco años; la crítica que hacemos es por qué hasta ahora y no cuando empezó a ser visible el problema de la violencia feminicida”, observó la también abogada al recordar que la activación de la AVG se solicitó desde diciembre de 2010.  
 
López Pérez recordó que en 2011 el SNPASEVM (entonces encargado de resolver las solicitudes de AVG) negó el inicio de una investigación “con argumentos plagados de inconsistencias y errores que desvirtuaban el objetivo de la alerta”, pues sólo se consideró al mecanismo como una forma de “golpeteo político” en contra del ex gobernador Enrique Peña Nieto.
 
En febrero de 2012 –agregó la abogada–, un juez federal determinó que el Sistema Nacional había vulnerado los derechos de las organizaciones al negar la procedencia de la investigación, y ordenó iniciar una indagación por violencia feminicida en la entidad, pero por dos años las dependencias federales y los institutos estatales de las mujeres no hicieron nada por acatar el fallo.
 
Fue hasta 2014 que el Sistema admitió que se iniciara una investigación, pero durante un año no se ha dado a conocer ningún resultado, “lo que nos lleva a concluir que el Sistema no funciona;  nos enfrentamos a cinco años de retraso para decretar un mecanismo que tiene un carácter de urgente y emergente; el objeto de la AVG ha sido constantemente contrariado por todas las dependencias que conforman el Sistema, y eso nos lleva al absurdo de esperar cinco años por una respuesta”.
 
Nancy López aseguró que esto evidencia la necesidad de que el sistema sea reformado radicalmente, ya que hasta el momento su trabajo no ha sido “neutral”, pues las dependencias responden a sus “propias inercias políticas y del gobierno en turno que representan”.
 
Recordó que no se debe perder de vista que la activación de la AVG no es una dádiva del gobierno local, sino parte de un largo proceso que emprendió la sociedad civil que ahora tiene la obligación de vigilar de qué manera se van a implementar las medidas emergentes que se dicten.
 
Abundó que gracias a la movilización social, el Edomex ha tenido un repunte en los señalamientos (tanto en la prensa como por parte de organismos nacionales e internacionales) sobre lo que sucede en materia de género y de que la violencia es una problemática no atendida por parte del Estado.
 
En 2014, ante la negativa del gobierno federal de declarar la AVG en la entidad, el OCNF emprendió una “alerta ciudadana” con la que recorrió distintos municipios mexiquenses.
 
Este año el periódico The Guardian publicó un reportaje sobre los casos de feminicidio en la entidad, y Amnistía Internacional (AI) se sumó a la campaña “Zapatos rojos”, con la que se recuerda a los gobiernos la necesidad de dar una respuesta a los altos índices de desaparición de mujeres y niñas.
 
La defensora llamó a que lo declarado por Ávila Villegas sea visto por los gobiernos de las entidades donde hay solicitudes de AVG “como un mensaje positivo de que la alerta no es un atentado a sus gobiernos, sino un llamado a mejorar sus políticas públicas en materia criminal, y reformar la forma en la que se ha estado atendiendo la violencia de género”.
 
Además del Edomex, la AVG se ha solicitado para Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Chiapas, Morelos, Colima, Michoacán, Baja California y Sonora.
 
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