La frontera mexicana, escenario de violencia e impunidad, es ahora la referencia perfecta para muchos hombres que en Estados Unidos ejercen violencia contra sus parejas. Mujeres de ese país han denunciado amenazas de muerte de sus esposos, quienes las aterrorizan diciéndoles que las van a llevar a Ciudad Juárez, Chihuahua, para que las ejecuten en el desierto.
La denuncia la han presentado ya cinco mujeres que viven en El Paso, Texas, así como activistas y las propias autoridades del condado estadounidense, quienes señalan que se trata de una nueva forma de violencia doméstica que sufren mujeres en la frontera.
Univisión retoma un comunicado informativo de la agencia EFE en el que sostiene que el fiscal del condado, José Rodríguez, registró el pasado mes cinco casos en los que las víctimas, todas mujeres, solicitaron una orden de restricción contra sus cónyuges por temor a ser llevadas al otro lado de la frontera para ser asesinadas.
Son situaciones que están ocurriendo particularmente en la frontera, en regiones como El Paso-Ciudad Juárez por la cercanía en la zona entre los territorios de México y Estados Unidos, dijo a EFE la directora de Servicios para Inmigrantes y Refugiados de la Diócesis de El Paso, Ileana Holguín
La abogada señaló que a la organización no lucrativa que ella dirige llegan al mes unos 25 nuevos casos de violencia doméstica, algunos en forma de amenaza y con la advertencia de llevarlas a México para que las ejecuten.
ÓRDENES DE RESTRICCIÓN
La narcoviolencia que se vive actualmente en ciudades fronterizas mexicanas ha tenido repercusiones de diversas formas en El Paso, y ahora estamos viendo a varios agresores que amenazan a sus mujeres con que de no seguir sus reglas en casa, o no callar los abusos, las llevarán a Juárez donde tendrán su merecido, indicó el fiscal.
La jefa de la unidad de Atención a Víctimas de la Violencia Doméstica en El Paso, Gabriela Edwards, manifestó que en el último mes ha otorgado unas cinco órdenes de restricción contra agresores que amenazan a sus cónyuges con raptarlas y trasladarlas a Juárez.
Les dicen que las van a llevar al desierto y las van a ejecutar o cortar en pedazos, indicó.
También tuvimos un caso en que el victimario le dijo a su mujer que el tenía un primo que pertenece al cartel (del narcotráfico) y que se encargaría de ella, añadió.
No importa estrato social al que pertenezca la mujer, los casos que maneja la unidad que lidera Edwards, las víctimas, que son de todos los estratos sociales, tienen familiares en Juárez y viven legalmente en Estados Unidos.
Pero de acuerdo con Rodríguez, aunque tienen únicamente cinco denuncias relacionadas con estas amenazas en particular, el número podría ser mucho mayor y no han reportado por miedo, desconocimiento o por estar en el país ilegalmente.
La violencia que se vive actualmente en Ciudad Juárez que ha sido tan publicitada, es utilizada recientemente como arma intimidatoria en contra de estas mujeres, sostuvo el fiscal.
Holguín menciona que la facilidad de cruzar a Juárez, donde no se requieren documentos ni presentarse ante ninguna autoridad para ingresar, hace que las víctimas se sientan aterrorizadas ante las amenazas.
Tanto Holguín como Rodríguez afirman que en estos casos, al igual que en otras formas de violencia doméstica, las víctimas deben reportar los abusos ante las autoridades.
Indicó que aun cuando la mujer este en el país sin estatus migratorio regular, tiene la protección de la ley y la posibilidad de documentarse por la legislación WAVA que busca terminar con la violencia contra las mujeres y la visa U, concedida a víctimas de ciertos crímenes que hayan sufrido abuso mental o físico a causa de los delitos y que estén dispuestas a ayudar a las autoridades en la investigación.
Holguín menciona que las mujeres amenazadas o agredidas por sus cónyuges pueden asesorarse en centros de caridad localizados en la mayoría de los estados del país y que dependen generalmente de las diócesis católicas.
Rodríguez menciona que el número de órdenes de restricción han aumentado en los últimos meses, y en tanto que en diciembre de 2007 se tramitaron 75, en ese mismo periodo de 2008, el número subió a 121 casos.
En lo que va de 2009 ya suman 224 (enero 115 y hasta el 26 de febrero 109), precisó el fiscal.
09/LPB/LAG/GG
