El toque de queda impuesto a las y los jóvenes del municipio de Tecate, en Baja California, es «la antesala del autoritarismo», sostuvo el procurador de Derechos Humanos del estado, Raúl Ramírez.
Al enfatizar que tanto el presidente municipal como el cabildo violentan flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ramírez indicó en entrevista con cimacnoticias que ninguna medida que violente las garantías individuales de las personas, por muy popular que ésta sea, puede calificarse como legal.
El toque de queda impuesto a las y los menores de 18 años por parte del ayuntamiento de Tecate no sólo violenta la libertad de tránsito de las personas, sino que se abroga facultades exclusivas del ejecutivo federal, sostuvo.
Ramírez explicó también que la única persona facultada por el artículo 29 constitucional para conculcar las garantías individuales, y eso previa aprobación del Congreso de la Unión, es el presidente de la república.
Si bien reconoció que la medida del presidente municipal de Tecate, Juan Vargas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se fundamenta en el incremento de la delincuencia y la inseguridad pública, es anticonstitucional y crea sobre todo una cortina de humo que evita analizar el fondo del problema.
Al ser cuestionado sobre las medidas que tomará la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos sobre el toque de queda, Ramírez respondió que todos los presidentes de las comisiones estatales de derechos humanos, reunidos el jueves y viernes pasado en el Congreso Anual de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Defensa de los Derechos Humanos, suscribieron un documento donde le piden al presidente municipal de Tecate revocar el toque de queda.
«El problema de la inseguridad pública no puede combatirse con medidas ilegales, fáciles, y represivas. Cuando los poderes ponen en práctica más que políticas públicas, mecanismos de control social, la sociedad se encuentra en la antesala del autoritarismo.»
Ante la cerrazón del cabildo y el presidente municipal, la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California tomó el caso por oficio y prepara ya la emisión de una recomendación para que se elimine el toque de queda.
De no obtener respuesta, la Procuraduría presentará un recurso de impugnación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; si con ella tampoco se logra eliminar la medida, acudirán hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por otra parte Ramírez evocó que la semana pasada la Procuraduría inició una serie de reuniones y pláticas con el congreso local para interponer una controversial constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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