Los inmigrantes reducen su capacidad reivindicativa frente a condiciones laborales discriminatorias e injustas por temor al despido o a una reacción negativa del empleador, según un estudio de Comisiones Obreras (CCOO).
Miedo y temor. Eso es lo que sienten muchos inmigrantes sometidos a discriminación laboral o condiciones injustas en su empleo cuando se plantean elevar una queja o reivindicación al empresario, según las conclusiones de un trabajo de campo enmarcado en el Informe 2005 Inserción Laboral de la Población Inmigrada en Cataluña, del Centro de Estudios e Investigación Sindical (CERES) de CCOO, presentado ayer en Barcelona.
A través de 54 entrevistas cualitativas a asesores laborales del sindicato en ámbitos como la construcción, la hostelería, el servicio doméstico o la geriatría, CCOO Cataluña ha detectado que, aunque los trabajadores inmigrantes acuden ya en proporciones muy importantes a buscar asesoramiento sindical, éstos aún se resisten a denunciar situaciones discriminatorias y abusos en su situación laboral. Su estatus legal y administrativo provoca que sientan temor a protestar frente al empleador.
Así, estos miedos de los inmigrantes son, en buena parte, por causas ajenas a la relación laboral. Se trata del temor a una expulsión, a la no renovación de permisos, a no poder culminar la reagrupación familiar… Una de las conclusiones del estudio es que «la política de extranjería y las condiciones generales con las que se ha recibido la inmigración están incidiendo sobre las condiciones laborales, facilitando los abusos y las irregularidades sobre los inmigrantes».
«El despido suele ser una respuesta habitual ante muchas de estas reclamaciones, algo que también pasa con los trabajadores autóctonos pero en mucha mayor medida con los extranjeros», asegura el responsable de inmigración del CERES, Miguel Pajares. «Y no sólo con las reclamaciones: a veces también con situaciones de baja por enfermedad», denuncia.
«LAS QUEJAS DEL INMIGRANTE SE SOPORTAN PEOR»
En determinados sectores laborales con alta proporción de trabajadores inmigrantes, como la construcción, la hostelería, la limpieza o la geriatría, el estudio ha detectado «una actitud empresarial de soportar peor las quejas del inmigrante que las de otros trabajadores». Uno de los abusos detectados es el salario pactado, la práctica ilegal de pactar un salario por debajo de lo que marca el convenio laboral y sin tener en cuenta horas extras o desplazamientos. Otras prácticas abusivas son la contratación, con alta en Seguridad Social, por menos horas de las que el trabajador realiza, o la pérdida del descanso semanal y el no cobro de horas extras, sobre todo en el sector de la geriatría.
El estudio señala que los abusos o irregularidades que sufren los trabajadores inmigrados no son muy distintos de los que sufren muchos trabajadores autóctonos, pero «lo específico del momento actual es que esos abusos se hayan generalizado con los inmigrantes, y que ahora los padezcan ellos en un grado mucho mayor».
La escasa disposición a quejarse de los inmigrantes se muestra claramente en el ámbito de la siniestralidad laboral y la salud. Un asesor entrevistado en el estudio asegura que «los problemas de salud laboral en las empresas de limpieza suelen concretarse en daños musculares. La diferencia entre españoles y extranjeros es que los segundos no plantean quejas. Puede ser porque su media de edad es más joven y pueden tener menos problemas de salud, pero yo creo que también es porque se consideran con menos derecho a quejarse o tienen más miedo».
SITUACION DE «PARALISIS» EN EL TRAMITE DE EXPEDIENTES
Durante la presentación del informe, CCOO aprovechó para analizar la situación del proceso de regulación de extranjeros y de los trámites de los expedientes presentados entre enero y mayo. El secretario de Inmigración de CCOO-Cataluña, Ghassan Saliba, explicó que existe una «seria preocupación» por el déficit de recursos humanos y materiales en las oficinas de extranjería. Eso, según el sindicato, está conduciendo a una «situación de parálisis: recursos que demoran más de un año, solicitudes que después de tres meses aún no se han introducido en los sistemas informáticos y otras situaciones».
Ello provoca un retraso «considerable» en la resolución de los expedientes del último proceso de regularización. Hasta el momento en Cataluña se han resuelto 70 mil solicitudes, poco más del 50 por ciento de expedientes, cuando están a punto de finalizar los tres meses establecidos de plazo, el próximo 7 de agosto.
«Esta situación afecta a miles de personas inmigrantes, que caen de nuevo en situación irregular o pierden su empleo por un funcionamiento deficiente de la administración», aseguró Saliba. Como solución, el sindicato propone un aumento de los recursos, de la infraestructura y de personal estable y con experiencia. «Las oficinas de extranjería no pueden funcionar con los mismos recursos ni los procedimientos burocráticos de hace 10 años, porque los procesos migratorios ya no son accidentales ni coyunturales», concluyó.
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