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Temen por la vida de tlapanecas violadas por militares

Por Lourdes Godínez Leal

Ante la próxima audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que se realizará en abril donde dará su veredicto final que se presume, será contra el Estado mexicano, por la violación sexual cometida por militares en 2002, contra la indígena tlapaneca Inés Fernández, las amenazas en su contra se han intensificado, por lo que hoy, defensores de derechos humanos pidieron “que llegue viva a la audiencia de la Corte”.

Así lo exigió hoy durante su participación en el panel “8 años de impunidad: Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas me’phaa violadas por militares”, realizado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Mario Patrón Sánchez, abogado y consultor independiente.

El abogado, junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, llevaron el caso de Inés Fernández y de Valentina Rosendo, ambas violadas por militares en 2002, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Patrón Sánchez, informó que existen más de 10 denuncias de averiguaciones previas ante la Procuraduría de Justicia de Guerrero, por ambos casos, por lo que exigió “lo que pedimos es que lleguen vivas (Inés y Valentina) a la audiencia de la Corte”, que se realizará las primeras semanas de abril en Lima, Perú.

Al llamado se sumó Abel Barrera, director de Tlachinollan, quien dijo que pese a las medidas provisionales solicitadas al Estado mexicano por la CoIDH, continúan “en la nada, en la indefensión” toda vez que denunció, no hay coordinación entre el gobierno federal y estatal, ni interés para implementarlas.

A la fecha, la Corte Interamericana ha solicitado 108 medidas provisionales para defensoras y defensores de derechos humanos de Guerrero, entre éstas para Inés, sus abogados y los integrantes de la OPIM incluyendo a Obtilia Eugenio Manuel.

Patrón Sánchez explicó que la Corte emitirá primero su sentencia por el caso de Inés toda vez que en el de Valentina no se dio la acumulación procesal.

Ello significa que pese a que ambas violaciones fueron en 2002, el 16 de febrero en el caso de Valentina y el 22 de marzo, en el de Inés, los casos incluyen hechos y fechas diferentes, por lo que las investigaciones se han realizado de forma paralela y fueron presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diferente momento.

8 AÑOS DE IMPUNIDAD

Han pasado 8 años de los hechos y pese a que ambas mujeres han señalado expresamente a los elementos del Ejército responsables de la violación, la impunidad prevalece en ambos casos.

En opinión de Patrón Sánchez, el Estado mexicano ha utilizado una estrategia de desgaste y revictimización con ambas, que se ve reflejada con la ausencia de respuestas eficaces, “el encubrimiento desgasta” insistió.

En el panel estuvo Inés Fernández, quien en su idioma, el tlapaneco-me’ phaa, narró lo que ha vivido desde hace 8 años cuando fue violada por los militares frente a sus hijos, que en ese tiempo tenían 3, 5 y 7 años.

“Desde 2002 yo me estaba organizando con un grupo de mujeres de mi comunidad para que hubiera educación, médicos para que cuiden a las mujeres y los niños.

El gobierno no me dejó participar, vieron que me estaba organizando y en lugar de apoyo llegaron los militares a hacernos daño. No sé que es lo que quiere el gobierno conmigo.

Yo he denunciado, y los militares siguen subiendo a las comunidades, no los quiero ver, me duele hablar de lo que me pasó.

A mi me destruyeron mi vida, mi casa, a mi esposo y a mis hijos, cuando andan los militares ahí tengo mucho miedo, cuando mis hijos se van a la escuela también me da miedo, tuve que ir a otro país para denunciar mi asunto.

Yo no puedo salir al campo a trabajar, me costó mucho trabajo salir de mi casa porque yo quería estar encerrada todo el tiempo. Les pido a las autoridades que ya no manden a los militares para allá.

A mi hermano lo mataron, él me apoyaba, era el único y recibió amenazas hasta que lo mataron. Ahora mi hijo que fue testigo de lo que me pasó también ya fue amenazado”.

Inés, dijo que como ahora su caso está por concluir en la CoIDH, se han intensificado las amenazas no solamente contra su familia sino con los miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).

Por ello responsabilizó al gobierno de lo que le pudiera pasar a ella y a sus hijos al tiempo que pidió el apoyo de todas las mujeres para que su caso, el de Valentina y el de otras mujeres que han sido violadas por militares, obtengan justicia.

PIDE CoIDH MEDIDAS PROVISIONALES PARA VALENTINA

Vidulfo Rosales, integrante de Tlachinollan, indicó en entrevista con Cimacnoticias, que el pasado 16 de febrero, justo a 8 años de que fuera violada, la CoIDH notificó a este Centro de Derechos humanos que solicitó al Estado mexicano medidas provisionales para Valentina Rosendo.

Lo anterior, ya que en diciembre del año pasado, su hija, de 8 años de edad sufrió un intento de secuestro al salir de la escuela y Valentina continúa siendo vigilada y perseguida por desconocidos.

En un video testimonial donde aparece Valentina Rosendo, quien no asistió al evento de hoy, se documentó que a la fecha sale a la calle acompañada por integrantes de las Brigadas Internacionales de Paz (Peace), si no es así, no lo hace.

Para Vidulfo Rosales, la sentencia emitida por la CoIDH por el caso de Rosendo Radilla, sentó un precedente jurídico, que tiene que seguir siendo sustentado en el caso de Inés y Valentina, por lo que consideró “hay que trabajar fuerte” el tema del uso de la violación sexual como tortura, la dilación de la justicia, la discriminación y el fuero militar.

El panel fue convocado también por Amnistía Internacional, sección México, por Tlachinollan y la OPIM.

10/LGL/LR

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