“Tengo un compromiso con las víctimas”: fiscal Ángela Buitrago

Pese a los intentos de algunos grupos por denostar su trayectoria como fiscal, la experta en Derecho Ángela María Buitrago, que está en México para investigar la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de  Ayotzinapa, en Guerrero, está convencida de que nada la detendrá para cumplir la misión que le encomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para revisar las acciones del Estado en la búsqueda de los jóvenes.
 
Esta tarea –advierte Buitrago en entrevista con Cimacnoticias– la asumió como defensora humanitaria, y aclaró que es independiente de la obligación que tiene el Estado mexicano de procurar una investigación eficiente y la verdad a la sociedad y a las familias de los normalistas desaparecidos.
 
Como parte de su trayectoria, la fiscal colombiana dictó sentencia contra militares por la desaparición de 11 jóvenes en el asalto al Palacio de Justicia, en Bogotá, en 1986. Es doctora en Derecho y Sociología, con especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas.
 
Entre 2005 y 2010 se desempeñó como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de su país, desde donde encabezó la condena contra el ex gobernador del Departamento (estado) de Meta, Edilberto Castro, por el homicidio de tres líderes políticos; del ex gobernador del Casanare por enriquecimiento ilícito; y de un ex senador por presuntas relaciones con paramilitares, entre otros casos.
 
Desde 2014 Ángela María Buitrago forma parte del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que presta “asistencia técnica internacional desde la perspectiva de Derechos Humanos” (DH) al Estado mexicano por petición de las familias de Ayotzinapa, que solicitaron la intervención internacional ante la inoperancia del gobierno.
 
Sin embargo, desde inicios de este 2016 –tras la presentación del primer informe concluyente del GIEI, y a tres meses de concluir su mandato en México– la litigante ha sido acusada, junto con su par guatemalteca Claudia Paz y Paz, de haber actuado con “irresponsabilidad” en los casos que ambas juzgaron en sus respectivos países.
 
LA OBLIGACIÓN ES DEL ESTADO
 
Frente a tales calumnias, Buitrago señala que aunque el Grupo se vaya de México –el próximo 30 de abril, cuando acabe la misión ordenada por la CIDH–, “es obligación del Estado (mexicano) seguir investigando los hechos, e incluso si mañana el gobierno decide quedarse con ‘la versión A’ (la presunta ‘verdad histórica’ de la PGR que el GIEI echó abajo), tiene que demostrar que efectivamente esa versión es cierta, y si no, su obligación es seguir buscando el paradero de los jóvenes”.
 
Agrega: “La responsabilidad del Estado no sólo es un compromiso interno legalmente exigido, sino además un compromiso internacional. El término de ‘investigación’ en este caso de desapariciones es obligatorio hasta que se encuentren a los desaparecidos”.
 
La experta afirma que durante la segunda parte de la labor del GIEI en México –en septiembre de 2015– hubo algunos avances por parte de las autoridades mexicanas, que incluyeron su informe en las investigaciones de la Procuraduría General de la República y crearon un grupo de investigación para el caso, pero los aportes son inconstantes, ya que en cambio hay “momentos en los que las cosas se detienen”, y hay aspectos de las indagatorias que persisten igual que como en un inicio.
 
El GIEI ha insistido en entrevistar cara a cara a personal del 27 Batallón de Infantería, de Iguala, Guerrero, que –observa la abogada– “tiene mucha información que puede ser relevante para las líneas de investigación, y sobre todo para esclarecer unos puntos tan fundamentales, dado que estuvo en el momento en el que sucedían los hechos”.
 
Pero en lugar de la autorización para la entrevista, las expertas han recibido calumnias y hostigamientos de parte de –reveló la fiscal– José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, y de algunos medios de comunicación “que quieren permanecer en una realidad sin dejar avanzar la investigación a puntos reales”.
 
CONVENCIDAS DE SU TAREA
 
A pesar del acoso en su contra en México, ambas expertas no habrán de dimitir en sus objetivos, al contrario, “Claudia Paz y Paz y yo tenemos la convicción de que esta labor en particular no sólo merece todo nuestro esfuerzo personal, de grupo, sino que además también es un compromiso con las víctimas; ayudar en esta investigación va a impedir que nosotras pensemos siquiera en retirarnos del asunto”.
 
“El GIEI en su integridad sigue trabajando, sigue convencido de que es una labor que hay que hacer, y por tanto ninguno de los ataques hará mella a lo que estamos haciendo en México. Cuando una está convencida de que hay que defender los Derechos Humanos, sobre todo la justicia, y poder entregar algo a una investigación de esta naturaleza, nadie va a parar”, recalca.
 
Buitrago enumera las dificultades que ha tenido que enfrentar como fiscal cuando las personas juzgadas son de poder, ya que siempre existe presión de parte de sus aliados para obligar a las juzgadoras a cambiar las versiones de los hechos. “En el tema de relación de poder y criminalidad, las presiones que tienes que soportar son muy altas”, reconoce.
 
No obstante, asegura, en el ejercicio de su profesión trata de aplicar justicia sin importar quién es el presunto responsable: “Si tú entras a mirar la prueba y consideras que te da para llevar a alguien a juicios, no importa a quién tengas, si es de poder o no es de poder; la prueba te señala quién es el presunto responsable y lo que tiene que hacer uno es decidir frente a la prueba y acusar.
 
“Pero en ese momento automáticamente si se trata de una persona de poder vienen todas las presiones para que sólo acuses por el cargo de menor peso, o incluso por la remoción del expediente. Los mismos medios se cierran en particular a proteger o defender esa diáspora de poder en algunos casos. Luego viene todo un movimiento de ajedrez para decidir de manera diferente o removerte del cargo”.
 
Al refrendar su respaldo a las expertas, la CIDH destacó ayer que los ataques son muestra de una “práctica común” contra las personas que defienden los DH en la región. 
 
En ello coincide la abogada: “Cuando tú defiendes DH, incluso el discurso que hay en el medio es que uno es parte de un grupo de izquierda, siempre recibes ataques tratando de demeritar no sólo tu trabajo, sino también tu condición personal. Lo que yo he vivido durante estos 11 años en particular es que te generan la marca de que defender DH no es bueno.
 
“Inclusive hay un sector de la sociedad que se opone férreamente a que haya defensores de DH, porque los califica como parte de un engranaje que ellos denominan como nocivo para la sociedad”.
 
Abunda: “Pienso que lo que hay que dejar en claro es que la defensa de los DH es precisamente la convicción de la dignidad humana. Vale la pena así haya amenazas, haya riesgos, porque estás defendiendo al ser humano, y con eso logras muchas cosas o al menos así lo vivimos quienes considerados vital para nuestras vidas la defensa de estas garantías”.
 
Ángela María Buitrago considera que en realidad los ataques contra las y los defensores humanitarios provienen de toda una estructura de poder, “de una diáspora que se mueve para proteger a un grupo”.
 
En este caso, las calumnias buscan desprestigiar su trabajo en México, además de que están vinculadas a su condición de género, ya que –apunta– no sólo las agreden de una forma “cobarde y mentirosa”, sino que “vienen contra Claudia Paz y contra mí, que somos las dos mujeres del grupo de investigadores, tomando una serie de elementos enfocados a generar una descalificación de las mujeres, en particular, que forman parte de este grupo (el GIEI)”.
 
Esto es así –prosigue– “por la percepción que se tiene de que si tú atacas a una mujer, va a ser más fácil que renuncie o se canse, o también sea más fácil llevar una discriminación que tenga eco en determinada sociedad”.
 
MAMÁS DE AYOTZINAPA: EJEMPLO DE RESISTENCIA
 
Para Buitrago, las madres de los estudiantes de Ayotzinapa simbolizan un modelo por la fortaleza con la que buscan a sus hijos, asisten a reuniones y marchas: “Les veo la fuerza que yo pensé que nunca iba a ver, ya que las víctimas en estos casos de delitos en algún momento se derrumban, pero a ellas las veo con fortaleza y decisión, y eso es un ejemplo que marca de por vida”. 
 
Precisa que estas mujeres tienen al menos dos particularidades: la primera, que están decididas a encontrar a sus hijos, y la segunda, que todavía sienten que sus hijos están con ellas.
 
“Esas cosas para mí son muy significativas, pero la parte en la que una quisiera ayudar en el tema es la impotencia que sienten esas madres ante la realidad, la imposibilidad de tener a sus hijos, lo que les debe estar costando mucho sufrimiento”.
 
A eso se suma que son personas que tienen la necesidad de buscar todos los días su subsistencia, pero han tenido que dejar su forma de vida en muchos casos, lo que incrementa también su desarraigo y sufrimiento, advierte.
 
“Antes, cuando tenían una parcela, cultivos, por lo menos trataban de sembrar y de vender sus productos, pues tenían también un alcance diferente en términos de modo de vida, pero han tenido que dejar su tierra, y salieron a buscar a sus hijos; las complicaciones aumentan y se triplican”.
 
Buitrago resume que todos los casos que ha visto le dejan una experiencia muy importante; en particular algunos casos en Colombia la marcaron por la complejidad, por la criminalidad tan alta.
 
“Sobre todo te marcan los casos donde tú estás viviendo permanentemente el dolor de las personas. Los casos de desaparición son los que significan mucho más desde el punto de vista profesional y personal”.
 
El caso de México –concluye la fiscal– “indiscutiblemente me va a terminar señalando una cicatriz provechosa en términos de aprendizaje, y dolorosa en términos de realidad”.
 
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