Cualquier atentado contra la integridad física o la de sus familias será responsabilidad del gobernador Patricio Martínez, señalaron periodistas de Ciudad Juárez, quienes han sido objeto de amenazas de muerte.
Los comunicadores Samira Izaguirre, Antonio Tirado y José Loya, en conferencia de prensa, denunciaron el clima de hostigamiento y amenazas que se vive en Ciudad Juárez cuando la sociedad demanda el esclarecimiento de los 269 homicidios de mujeres.
A raíz de la detención de dos choferes, acusados de los 11 homicidios registrados en noviembre pasado, las amenazas en contra de los comunicadores se incrementaron sobre todo porque abrieron sus micrófonos a los abogados de los detenidos y a sus familias.
El día de ayer la acción más directa en contra de quienes conducían el noticiario Calibre 800, en la radiodifusora Radio Cañón, fue su despido injustificado y nuevamente la amenaza: «ustedes siguen», luego de que ayer se diera a conocer que elementos de la Policía Judicial del Estado (PJE) «confundieron» al abogado de uno de los choferes y lo acribillaron.
Izaguirre señaló que desde hace dos años trabajaba junto con Tirado y Loya en Radio Cañón, donde producían un noticiario de seis a 10 de la mañana, todos los días, único medio que investigó y denunció las irregularidades de la detención de los choferes, así como la forma en que se realizan las investigaciones de los asesinatos de mujeres juarenses.
Antonio Tirado mencionó que los choferes conocidos como «La Foca» y «El Cerillo» fueron «secuestrados» durante dos días, detenidos sin orden de aprehensión y torturados para que se confesaran culpables.
Incluso dijo que las investigaciones estuvieron tan amañadas que, en la semana pasada, el vocero del Buró Federal de Investigaciones en El Paso Texas, Al Cruz, se comunicó con la Procuraduría del estado para informarle que tenía el perfil de un asesino serial, radicado ahí, «y por supuesto que el gobierno del estado negó la colaboración de la agencia norteamericana, porque se vendría abajo todo lo que armaron para detener a los choferes».
Este clima, aseguró Tirado, «está relacionado con las elecciones municipales que habrá en la ciudad este año».
Los comunicadores también manifestaron que el clima social y político es de «terror absoluto». Las personas tienen miedo de salir a la calle, los padres de familia tiene temor de que sus hijas no regresen a casa, los activistas de derechos humanos, y luchadores sociales son hostigados y amenazados.
Sobre todo, dijeron, «porque las autoridades del estado han perdido la lucha frontal contra la violencia y en lugar de reconocer su incapacidad, acallan a los medios, amenazan, hostigan y amedrentan».
Por su parte, Alfredo Limas, integrante de la Red Ciudadana por la No Violencia y la Dignidad, externó su preocupación, por las amenazas que han recibido los periodistas y defensores de derechos humanos, como la directora de Casa Amiga, Esther Chávez Cano.
En tanto, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señaló que demandarán al gobierno federal y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas precautorias para los periodistas.
El senador agregó que este acontecimiento, aunado al caso del despido de los locutores del programa «Calibre 800» y el nombramiento del actual procurador de Justicia, Jesús Solís Silva «El Chito Solís», implican la sustitución del Estado de derecho por un estado de terror en manos de la mafia organizada.
| |
disponible para periodistas y medios de comunicación impresos y electrónicos por favor citen la fuente |
