ste Tribunal de conciencia se inscribe en la tradición de mujeres por luchar de una manera creativa y responsable para construir alternativas de paz social, de ciudadanización de la población y de recuperación de una legalidad sustentada en una ética de la justicia y los derechos humanos para todas y todos.
Desde la recuperación de la conciencia ciudadana como la principal rectora del pacto social, las y los jueces de este Tribuna ratificamos la necesidad de renovar la memoria de Marisela Escobedo, de su hija Rubí y de las miles de mujeres víctimas del feminicidio. Con la instalación del tribunal de conciencia buscamos alimentar la memoria histórica, no permitir que el olvido o la costumbre erosionen la indignación por los feminicidios y las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos; queremos crear y recrear símbolos, y con ellos desarrollar una pedagogía ciudadana a favor de la justicia y en contra de la impunidad.
Esta impunidad lo que posibilita que se sigan asesinando en Chihuahua, además de Marisela, a otras defensoras de los derechos humanos como Susana Chávez, a Josefina Reyes, a Paz Rodríguez, y que el pasado 2 de diciembre se haya atentado contra la vida de Norma Andrade y se siga vulnerando la integridad y la vida de tantas y tantos defensores de derechos humanos. Ninguno de estos casos son aislados, se circunscriben en un contexto de impunidad sistemática.
Desde que el Tribunal en Segunda Instancia sentenció en 2010 a Sergio Rafael Barraza, asesino de Rubí, Marisela Escobedo emprendió una ardua batalla para que fuera encarcelado. Esta situación la llevó a estar en permanente riesgo, al grado de que la asesinaran.
Ante estas circunstancias este Tribunal de Conciencia emite el siguiente fallo a partir de las siguientes:
CONSIDERACIONES
· Hoy vivimos en un país abatido por la violencia, donde existe una estrategia francamente violatoria de los derechos humanos y la impunidad y la corrupción han dejado a la ciudadanía completamente desamparada.
· El feminicidio es una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad, que es un crimen de Estado, pues es el Estado quien tiene la responsabilidad en la prevención, tratamiento y protección de las mujeres ante la violencia de género y debe garantizar la libertad y la vida de las mujeres.
· El Estado Mexicano ha sido objeto en los últimos años de recomendaciones en materia de derechos humanos de las mujeres, específicamente por la problemática del feminicidio en Ciudad Juárez. Organismos internacionales de protección de los derechos humanos consideran urgente que se atiendan dichas recomendaciones con la finalidad de que se promuevan acciones y políticas públicas que garanticen la efectiva prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y el feminicidio.
· Las actitudes de negligencia y omisión por parte de las autoridades, en materia de violencia contra las mujeres, ha llevado al Estado Mexicano a que hoy tenga tres sentencias, Campo Algodonero y casos Valentina Rosendo Cantú[1] e Inés Fernández Ortega, en donde se le responsabiliza de violaciones a derechos humanos. En el caso específico del Campo Algodonero la sentencia señala los aspectos fallidos en los procesos de investigación judicial, la falta de profesionalidad y compromiso de los funcionarios a cargo de la investigación. Así mismo el máximo tribunal de protección de derechos humanos consideró que en estos casos «no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades» (CoIDH, 2009: 40), que se basan en una cultura de discriminación de género y de misoginia, que confirma y alimenta la impunidad y permisividad de los Estados, en la medida en que no investigan ni sancionan a los responsables de estos crímenes, enviando un mensaje de tolerancia.
· De esta forma el Estado demuestra su incapacidad y falta de voluntad política para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como frenar la creciente impunidad que se genera en la entidad, tan sólo en este año existen 342 casos de feminicidios en la entidad y 207 mujeres desaparecidas.
