A más de 14 años del asesinato de Blanca Jeannette Kawas Fernández, ambientalista de Honduras, la situación de las defensoras y defensores de los recursos ambientales en este país continúa siendo crítica, con persecución, amenazas de muerte y asesinatos, lo que pone al descubierto la impunidad y la necesidad de revisar las estructuras políticas y judiciales encargadas de imponer la ley.
Así lo consideraron los tres testigos que se presentaron hoy en el XXXVII Período Extraordinario de Sesiones Públicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se llevan a cabo en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, del 1 al 5 de este mes y que en su primera sesión trató el caso del asesinato de Jeannette Kawas Fernández contra la República de Honduras.
Uno de los testigos presentados en este caso fue el hermano de la ambientalista, Jacobo Kawas Fernández, quien dijo que su hermana nunca le comentó su preocupación porque llegaran a atentar contra su vida debido a sus actividades ambientalistas.
Por otro lado, otro de los testigos fue Rafael Sanbula, ambientalista y compañero de Kawas en la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (Prolansate), quien consideró que por muchos años las y los ambientalistas en Honduras han denunciado ante el Poder Judicial muchos casos que afectan el medio ambiente, sin haber obtenido ningún resultado a su favor.
Para Sandula, siempre la parte acusadora es provista de la información del denunciante, «esto hace pensar que las estructuras de poder se inclinan ante las diversos poderes tanto públicos como privados, que por años han permanecido en la impunidad y sin ningún respeto a la ley del país».
Por su parte, el último testimonio estuvo a cargo de Clarisa Vega Molina, abogada de organizaciones comunitarias, patronatos y juntas de agua de Tegucigalpa, quién denunció que empresarios, diputados, alcaldes, ministros, así comoex presidentes de Honduras, han tenido denuncias en su contra con claras pruebas, pero se han mantenido en la impunidad que les ha otorgado el estado.
Destacó Vega Molina que en Honduras la situación ambiental es lamentable y ser ambientalista es un riesgo. Por otro lado indicó que pesar de la existencia de legislaciones de protección ambiental, estas no se respetan y hay una permisibilidad a diversos proyectos, a pesar de que estos afectan gravemente, entre otros recursos, zonas de reserva y ríos.
ESTADO DE IMPUNIDAD
Asimismo, la abogada Vega Molina puntualizó que actualmente hay varios ambientalistas amenazados y muchos de ellos no hacen denuncias debido al estado de impunidad y el riesgo que representa para sus vidas hacerlo.
Vega Molina consideró que el principal obstáculo para que se brinde protección al medio ambiente en Honduras y a los defensoras y defensores de éste son los altos niveles y poderosos intocables.
EL CASO
El caso de Blanca Jeannette Kawas Fernández fue presentado ante la CIDH el 13 de enero de 2003 por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la compañía de Jesús de Honduras (ERIC), debido a su asesinato, ocurrido la noche del 6 de febrero de 1995 en el barrio El Centro, en la ciudad de Tela, Honduras, así como por la falta de diligencia en la investigación, sanción a los responsables de su muerte, la obstrucción de justicia y la falta de reparación de daños a sus familiares.
Uno de los principales sospechosos por haber ordenado la muerte de la ambientalista es el coronel del Ejército Mario Amaya, así como el sargento Ismael Perdono, quienes junto con una persona de nombre Mario Pineda, ex miembro de un denominado escuadrón de la muerte conocido como «Mano Blanca» y supuesto protegido del Coronel Amaya, sostuvieran una reunión entre el 3 y 4 de febrero de 1995 en las oficinas de la Policía de Tela.
La demanda tiene como objeto que la CIDH concluya y declare que la República de Honduras es responsable por la violación del derecho a la vida de Kawas Fernández, así como por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.
JEANNETE
Las actividades de Jeannette Kawas como ambientalista iniciaron con la protección de las reservas naturales de la región de Tela en 1989, conformando la Asociación Hondureña de Ecología, considerada la primera asociación ecológica de la región.
A partir de 1990, Kawas creó la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (Prolansate), cuyo objetivo era mejorar la calidad de vida de los pobladores de las cuencas hidrográficas de la Bahía de Tela, a través de la conservación del medio ambiente y los recursos agroforestales, el desarrollo comunitario, el ecoturismo, la concientización ambiental y el cambio de políticas en el manejo sostenible de las áreas protegidas.
Entre los logros de Kawas destacan la aprobación en 1994 de un decreto mediante el cual se le da a Punta Sal la categoría de parque nacional, el cual después de su asesinato lleva su nombre y la aprobación por parte del Ministerio de Educación Pública de un programa de Bachillerato en Ecología y Medio Ambiente, el cual imparte el Instituto Triunfo de la Cruz, en Tela.
El asesinato de Kawas se da ante las diversas denuncias en contra de intentos de varias personas y entidades privadas en apoderarse ilegalmente de la Península de Punta Sal, la contaminación de las lagunas y la depredación de los bosques de la región.
Debido a sus denuncias, la defensora mantuvo un ambiente de enfrentamiento con algunos campesinos de la Organización Unión Nacional Campesina (UNC), que procuraba el asentamiento de miles de familias campesinas dentro de la Reserva Natural de Punta Sal y con empresarios agrícolas de la Compañía Hondupalma, productora de aceite de palma africana.
Dos días antes de su muerte, Jeannette Kawas había encabezado una manifestación de protesta contra la iniciativa estatal de otorgar títulos de propiedad a algunos campesinos y empresarios agrícolas en las Reservas de Punta Sal. La dirigente indicó ahí que grupos estaban interesados en obtener las tierras para venderlas posteriormente a inversionistas extranjeros que pensaban explotar la zona.
Durante el primer día de sesiones públicas de la CIDH, sobre el caso Kawas, se presentaron los testimonios, peritajes y alegatos finales, para ser analizados por los 7 jueces que integran esta Corte y, dentro de tres a seis meses, sea emitida la sentencia sobre el asesinato de la ambientalista hondureña.
08/STP/GG
