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Testimonios de una realidad que no todos quieren reconocer

Por Isabel Villar*

Cinco mujeres, en representación de un grupo mayor, formularon graves denuncias ante la Comisión de Género y Equidad de la Cámara de diputados de Uruguay. El grupo tiene en común que todas son madres de niñas y niños abusados sexualmente por sus padres biológicos y, además, tras de la denuncia todas vivieron violencia sicológica y física.

Las víctimas y sus madres están asistidas por una organización no gubernamental (ONG) especializada, ya que las instituciones públicas no les brindan el apoyo que ellas necesitan para defender a los menores; particularmente el poder judicial: la Judicatura, el Departamento de Asistencia Social (DAS), el Instituto de Técnica Forense (ITF) y el Instituto Nacional del Menor (Iname).

“Mi papá me dice que jugamos y que somos felices, pero que no le cuente a mamá para que no se ponga triste”. Situaciones así ¿pueden ser inventados por niñas de tres y cuatro años? ¿Puede un niño de tres años fantasear cuando dice que su papá le hacía el juego del orto o el de entregarse? ¿Mienten las pequeñas y pequeños cuando recuerdan que su padre lo amenazaba con un arma en la cabeza?

Mucho se habla de los derechos de la infancia, pero a la hora de los hechos, cuando se compromete la conducta de los adultos más cercanos, lo primero que se hace es poner en duda la palabra de las niñas y los niños.

Cuando un pequeño está siendo abusado, no sólo lo expresa con palabras sino también muestra toda una sintomatología que incluye un estado nervioso alterado, inquietud, moja la cama y tiene miedo de quedarse a solas con su padre.

“Mamá, ¿tú no vas?”, preguntan temerosos cuando los obligan a salir de paseo con el abusador. Visiblemente angustiados, le piden a la madre: “No me dejes sola con él, tengo miedo.” Cuando son ya un poco mayores, suelen ser más rotundos: “No quiero verlo”, o de plano le advierten a su madre: “Si a ti te pasa algo, no quiero ir con papá.”

¿No es curioso que una niña de siete años diga que quiere tener hijos pero sin marido?, o que pregunte si a los l8 años ¿puede cambiar su apellido, porque es el de su padre y no lo quiere?

Según el minucioso relato que hicieron las madres ante la Comisión de Género y Equidad de Diputados, fueron niñas y niños reales los que contaron y actuaron todo lo que antecede.

Técnicos, funcionarios y jueces –mujeres y hombres– tuvieron oportunidad de escuchar estas y otras manifestaciones de un problema grave subyacente, durante los procesos disparados por las denuncias de mujeres desoladas por la constatación: sus propios maridos, padres biológicos de sus hijos, habían abusado sexualmente de ellos.

Pero las madres recibieron todavía una cuota extra de violencia: “Tú sigues con eso y mato a tus hijos”, “Te voy a matar”, cuentan que fueron algunos de los disuasivos ensayados por sus esposos para que no siguieran adelante con las denuncias por abuso sexual infantil.

Y a menudo, a la amenaza le siguieron los golpes, los tiros o un acoso consecuente que no modificó la sentencia de divorcio.

Según las declaraciones que constan en actas, la violencia hacia las mujeres en estos casos no sólo es cosa de hombres, ni siquiera de padres y maridos.

“Señora, ¡es el padre! Su niño debe de haber inventado. ¿En su casa se habla así? ¿En su casa se ve tvcable o películas porno?” “Usted está nerviosa señora. ¿Ha consultado con un médico? ¿No le parece que está viendo fantasmas, cosas que se imaginaron?”

Estas fueron algunas de las frases que las madres debieron de escuchar de boca de maestras, sicólogas, técnicas, funcionarias y juezas.

Además de la sospecha: “Señora, ¿usted no se había dado cuenta de que algo pasaba?”. Con el consabido traslado de la culpa: “Bueno, señora, pero usted se casó con él (padre).

EL INFIERNO COTIDIANO

Las cinco mujeres que acudieron ante las legisladoras no se conocían antes de llegar a la cita. Una de ellas tuvo la iniciativa de recabar apoyo parlamentario y la ONG que las asiste extendió la convocatoria a otras beneficiarias de su servicio.

“Concurro al programa de apoyo a víctimas de abuso sexual infantil y sus familiares porque tengo cuatro hijos y las dos menores fueron abusadas sexualmente por su papá biológico, que en ese momento era mi esposo.”

Ante esto se hicieron los trámites, la indagatoria y se presentó la denuncia penal por atentado violento al pudor. De esto hizo dos años en el mes de junio, pero todavía no hay resolución.

El tema también se radicó en el juzgado de menores. “Cuando se destapa todo esto”, relata una de las cinco madres, “el que era mi esposo me prohíbe que siga adelante, amenaza a mis hijos mayores y a mí me dice que me va a matar. Viví entre siete y ocho meses un verdadero infierno”.

En el caso de esta mujer, tras de la violencia sicológica se desencadena la violencia física, lo que lleva a que su exmarido sea procesado por lesiones.

“Yo seguí adelante”, continúa la madre, “pero cuando él sale de la cárcel padece una verdadera tortura, porque la persecución prosigue. A esas alturas yo estaba muy apoyada, había comenzado a llevar a mis hijas al programa y allí también apoyan a las madres”.

Así manifestó una de las mujeres ante las parlamentarias. Una vez concedido el divorcio, a la solicitud de que las visitas para el padre fueran controladas, la jueza actuante respondió con un régimen amplio: las recoge en el hogar y va a verlas a la escuela.

Aunque el padre no paga la pensión alimentaria, les lleva muchos regalos pero las niñas lloran, mojan la cama, tienen pesadillas y le piden a la madre que no las deje solas con el padre porque tienen miedo.

Cuando ella no obedece la orden de entregarlas, la jueza le advierte: “Mire, señora, no se me desacomode porque acá la jueza soy yo.” A una de las niñas el padre la manoseaba.

“Le costó mucho contármelo, tenía miedo”, recuerda la madre. “Al final me lo contó.” Pese a los antecedentes la juez le exige que los martes salgan las niñas con el padre solo.

LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

“Ésta es la impotencia que venimos a plantear en representación de otras mamás: ¿quién protege a los niños?”, concreta una atribulada madre.

Otra cuenta: “El padre de mi hija se presentó en la escuela, a pesar de que tiene autorización para verla solamente en el DAS” (centro especial para las visitas controladas).

“Para que no me pusieran como en desacato, concurrí a la sala de espera. Nos sentábamos, ella lloraba o vomitaba, y calladitas la boca estábamos ahí las dos horas que nos tocaba de visita, con el papá increpándonos de forma reiterada, sin que nadie pusiera coto a lo que él decía.”

Lo tiene prohibido, pero este papá se pasea por la vereda del domicilio de su hija y va a verla a la escuela. La madre no puede informar de estas conductas al juez porque hay que hacerlo por escrito y eso demanda la intervención de un abogado que cobra honorarios. Además, el padre no paga regularmente la pensión alimentaria.

Pero la negligencia no termina ahí: el juez no quiere recibir los informes sicológicos porque dice que él no es sicólogo y que como no los entiende, tampoco los quiere oír. Y hace dos años que estoy esperando que se me otorgue la custodia definitiva.

CÓMO PARAR A UN ABUSADOR

Cuando niñas y niños logran hablar, no son creídos. Pero hay algunos que ni siquiera pueden hablar. Dice otra madre: “Yo tengo una hija de 13 años. Llegamos a la organización cuando tenía once y todavía no dice qué pasó con su papá. No quiere hablar del tema, sólo quiere olvidarlo.”

“Ella no quiere ver al padre, pero mi otra hija de ocho años sí quiere, y no tengo ninguna defensa para detenerlo.”

Estas madres tienen muy claro cuál es el perfil de los abusadores: “Ellos nunca se llevan mal con sus víctimas porque es una forma de conservarlas. Generalmente se llevan muy bien: las llenan de atenciones y de regalos: Tú eres mi preferida, de todos tú eres mi preferida.”

La preferida es ella, es la segunda, la tercera, la cuarta y, si tuvieran más hijos, repetirían la misma historia. No pasa con una, pasa con todas.

“El DAS es uno de los lugares a los que se derivan las visitas controladas, pero no controlan nada”, dicen las madres y una de ellas ejemplifica con su hijo de cuatro años: Lo dejan solo con el padre en un cuarto, con la puerta cerrada. Me parece horrible que lo dejen solo con él después de todo lo ocurrido.”

UN VÍNCULO NO QUERIDO

El Instituto Nacional del Menor (Iname), donde se brindan las terapias familiares, también es cuestionado: “Lo más probable es que yo necesite recibir una terapia, pero no para aceptar que lo que mi hijo está diciendo es mentira, porque yo no creo que sea mentira.”

“En el Iname me dicen que me calme, que estoy haciendo una cacería de brujas, que el niño inventa, que no me persiga. Sinceramente me parece que todo esto es una tomadura de pelo de parte de estas instituciones. Nos hacen estar a todos juntos: es como que quieren reconciliar a la pareja.”

“Piensan que se soluciona todo cuando hacen que el papá se arrodille delante del niño a pedirle perdón. Tenemos obligación de llevarlos a restablecer un vínculo que no nos interesa porque el niño no lo quiere. Y el niño está diciendo: Delante de mi papá nunca te voy a decir nada, porque él me dijo que mataba a mi madre.” Y todavía quieren que los niños hablen delante de los papás.

URGE CAMBIAR DE ACTITUDES

Estas madres reclaman que alguien reconozca que los derechos de las niñas y los niños existen para que exijan sean respetados. Ellas declaran vivir en la zozobra, “esperando que nos pase algo peor de lo que ya pasó”, pero insisten en que no tienen miedo.

“Estamos mal, pero por angustia”, aclaran porque no pueden defender lo que quieren por falta de apoyo de las instituciones. Demandan un cambio de conducta en juezas y jueces, piden más rapidez en el accionar del Instituto de Técnica Forense y de todo el aparato judicial; solicitan veracidad en los informes técnicos, profesionalismo de los funcionarios, y no revictimización de los menores: como sucede cuando los carean con el agresor.

En síntesis, lo que reclaman las madres de niñas y niños abusados sexualmente por sus padres, es que el caso se aborde de manera profesional y libre de tabús y prejuicios, reconociendo a la infancia como sujeto de derechos.

Como sucede con la violencia doméstica, las mayores resistencias al cambio se han encontrado en ámbitos judiciales. En el Ministerio del Interior hay una mejor disposición, y la voluntad de formar a los funcionarios encargados de aplicar las nuevas normas; como la Ley 15.514 que desde hace tiempo se viene llevando a la práctica.

Cambiar cabezas no es sencillo, pero hacer justicia lo reclama con urgencia. En este caso la necesidad tiene el rostro de niñas y niños que desde muy corta edad están inmersos en una pesadilla que debiera pesarle a toda la sociedad.

* Cortesía del suplemento La República de las Mujeres, Uruguay.

       
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