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“Tibias y nulas” acciones de autoridades en Oaxaca: CCIODH

Por Lourdes Godínez Leal

Al presentar su informe final sobre el conflicto de Oaxaca, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) constató diferentes violaciones a los derechos humanos, a las garantías individuales, así como detenciones arbitrarias, desaparición de personas, secuestros, asesinatos y tortura psicológica en la entidad.

En conferencia de prensa, integrantes de este organismo internacional de derechos humanos anunciaron que presentarán esta información ante diversas instancias federales, locales e internacionales.

Por lo pronto, esta tarde sostendrán una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, anunció Ignacio García, quien puntualizó que posteriormente cuestionarán al gobierno federal y del estado de Oaxaca sobre cómo atenderán las recomendaciones de esta instancia internacional de observación de los derechos humanos respecto al conflicto que vive esta entidad desde junio de 2006.

La CCIODH calificó tibias y nulas las iniciativas tomadas hasta ahora ante el conflicto oaxaqueño y alertó sobre más brotes de violencia en la entidad, ya que dijeron “si el conflicto sigue abierto puede haber una escalada de violencia previo a las elecciones”.

Este organismo civil consideró que si no hay una pronta actuación del gobierno en el estado, se estaría ahondando la desconfianza en las autoridades y se continuaría fomentando la impunidad.

EL INFORME

El informe, que consta de más de 280 páginas de un libro, señala que las personas detenidas (más de 200) fueron víctimas de tortura física, psicológica y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.

Al igual que lo hicieron en Atenco, esta comisión constató que tanto mujeres y hombres sufrieron agresiones y abusos sexuales durante su traslado a los penales del estado, por parte de los policías y señala: “la violación sexual cometida por miembros de las fuerzas de seguridad de un estado contra integrantes de la población civil constituye en todos los casos una grave violación de los derechos humanos, consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos”.

El informe concluye que los hechos ocurridos en este estado, “son un eslabón de una estrategia jurídica, policíaca y militar con componentes psicosociales y comunitarios, cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o de movimientos de carácter social no partidista”

Entre otras irregularidades detectadas, la CCIODH señala que no se ha garantizado el derecho a la defensa de las y los detenidos y procesados, no cuentan con la asistencia de un abogado de confianza. En los casos de personas indígenas detenidas, señala que se les ha negado la asistencia de intérpretes para las diligencias.

Loas abogados, continúa, han hallado múltiples obstáculos en el acceso a los expedientes judiciales de sus defendidos, en la aportación de pruebas de descargo y en el acceso a las audiencias públicas

RECOMENDACIONES

La CCIODH recomendó que se atiendan las causas del conflicto que radican en la pobreza extrema y desigualdades, entre otras.

Que la autoridad implemente una reforma profunda de las instituciones del estado, mientras que para restablecer el Estado de derecho, tiene que garantizar sin dilación la investigación de los ilícitos cometidos especialmente en los casos más graves.

Que se revise la situación jurídica de las personas detenidas y la liberación inmediata de las y los presos políticos y en todos los casos en los que su implicación no tiene fundamento probatorio alguno y/o en los que la gravedad de los hechos no justifique la privación de su libertad.

Que se desarme y se impida la actuación de grupos de personas no uniformadas armadas y la coordinación de éstos con los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Restablecer el orden por la vía del diálogo y no a través del uso de la fuerza pública es otra de las recomendaciones.

Este informe será presentado ante otras instancias internacionales, como el Parlamento Europeo y la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU.

07/LGL/GG

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