Tienen leyes contra violencia, pero mitad de países las aplican

A nivel mundial, las mujeres, niñas, niños y las personas mayores soportan la mayor parte del maltrato físico y psicológico, y los abusos que generan en ellos consecuencias a su salud física, psicológica y emocional sin que se implementen políticas públicas integrales para prevenir el problema, sostuvo la Organización Mundial de la Salud (OMS).
 
En su “Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014”, la OMS llamó a la comunidad internacional a reconocer la violencia interpersonal (que ocurre entre miembros de una misma familia, la pareja, entre amigos, conocidos y desconocidos) como un importante problema sanitario, de justicia penal, de desarrollo y de género, y redoblar así su apoyo a la prevención. 
 
Ello porque aunque existen muchas leyes promulgadas sobre prevención de la violencia (en un 80 por ciento de las 133 naciones que abarca el informe), “su aplicación a menudo es inadecuada”. Según las estimaciones de la OMS, las normas se aplican plenamente sólo en un 57 por ciento de los países.
 
Las mayores brechas entre la existencia y la aplicación de la legislación se registran en las prohibiciones del castigo corporal, que existen en el 76 por ciento de los países, pero que tan sólo el 30 por ciento de los países aplican plenamente.
 
Respecto a la legislación sobre violencia doméstica/familiar, que existe en el 87 por ciento de los países, tan sólo un 44 por ciento de los países la aplican a cabalidad.
 
La OMS destacó que existen otras formas de violencia que contribuyen a que la mala salud se prolongue durante toda la vida –sobre todo en el caso de las mujeres y las y los niños– y a una muerte prematura, puesto que muchas de las principales causas de fallecimiento (como las enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, el cáncer y el VIH/Sida) están estrechamente vinculadas con experiencias de violencia.
 
En ese sentido, la OMS informó que a nivel mundial una de cada cinco mujeres sufrió abusos sexuales en la infancia, una de cada tres ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida, y un 6 por ciento de las y los adultos mayores ha sufrido maltrato en el último mes.
 
En el caso de las mujeres, las consecuencias de la violencia pueden derivar en prácticas sexuales de riesgo, trastornos ginecológicos, síndromes de dolor complejo, dolor pélvico crónico, abortos peligrosos, embarazos tempranos y diabetes o problemas renales.
 
A lo que se suma que los datos sobre violencia registrados por las naciones “presentan lagunas importantes que socavan las iniciativas para prevenir la violencia”.
 
Un 60 por ciento de los países no tienen datos que puedan utilizarse sobre homicidios en las fuentes de registro civil o de estadísticas vitales y en los que cuentan con estos datos, a menudo falta información como el sexo o la edad de la víctima, la relación entre la víctima y la persona que inflige la violencia, y el mecanismo del homicidio, “todos ellos datos necesarios para proyectar y vigilar las iniciativas de prevención”.
 
Más de la mitad de los países encuestados por la OMS indicaron que recogían datos sobre violencia sexual y de pareja; sin embargo, menos de la mitad señalaron haber efectuado encuestas poblacionales sobre otros tipos de violencia, como el maltrato infantil, la violencia juvenil y el maltrato a las personas mayores.
 
La OMS enfatizó que la violencia de todo tipo está firmemente vinculada con determinantes sociales como “una mala gobernanza, normas culturales, sociales, de género y del Estado de Derecho deficientes, desempleo, desigualdad de ingresos y de género, cambios sociales rápidos y oportunidades educativas limitadas”, y factores de riesgo transversales como la facilidad de acceso a las armas de fuego y otro tipo de armas.
 
Por lo que las naciones deben de implementar estrategias amplias de prevención de la violencia que mitiguen todos los factores asociados a la problemática.
 
En ese sentido recomendó elaborar planes de acción nacionales amplios y basados en datos, garantizar que los servicios para las víctimas sean amplios y estén basados en datos probatorios y aplicar las leyes vigentes y examinar su calidad.
 
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