El juez español, Baltasar Garzón, anunció hoy que tomará en sus manos el caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y pedirá al Parlamento Europeo un pronunciamiento para que el gobierno de México aclare la muerte de más de 300 mujeres en esa localidad.
Garzón, quien logró recientemente desde México la extradición a España de Ricardo Miguel Cavallo, ex militar argentino acusado de crímenes de lesa humanidad, hizo el anuncio durante un curso sobre violencia de género que tiene lugar desde el pasado 30 de junio en la Universidad Complutense de Madrid y que termina mañana.
En 1998 Garzón logró que el ex dictador chileno, Augusto Pinochet, fuera retenido varios meses en Londres en un intento por extraditarlo a España para juzgarlo por la desaparición de varios ciudadanos españoles durante su gobierno.
El magistrado, quien se ha convertido en la esperanza de justicia de víctimas a violaciones de los derechos humanos en varios países, consideró que existen elementos suficientes para que la Procuraduría General de la República (PGR), atraiga el caso a nivel federal.
Marisela Ortiz, fundadora de la organización Por Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y Lourdes Portillo, autora del documental Señorita Extraviada, que relata aspectos de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, participaron en una mesa redonda en el marco del curso, en la que denunciaron la impunidad y el miedo que existe en las mujeres de esa localidad.
Ortiz dijo ante expertos internacionales que las niñas, estudiantes, madres, trabajadoras de la maquila y obreras no están a salvo y que al menos una mujer desaparece cada semana en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos y considerada como «la capital mexicana de la maquila».
Pidió justicia política, moral y jurídica pues debido a la corrupción y a la ineficiencia de las autoridades no han podido ser identificados los responsables de las desapariciones y muertes de las mujeres en esa ciudad del norteño estado de Chihuahua.
Ortiz denunció que a pesar de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de organismos internacionales para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y cesen los asesinatos, éstas no se han tomando en cuenta.
Tanto Ortiz como Garzón pidieron que el caso trascienda al ámbito internacional para ejercer presión a las autoridades mexicanas y que actúen de una vez para castigar a los culpables.
Las mexicanas Ortiz y Portillo recibieron una gran muestra de solidaridad por parte de las organizaciones de la sociedad civil españolas, quienes se comprometieron a realizar una campaña internacional en reclamo de una pronta investigación sobre el feminicidio en Juárez.
Marisela Ortiz se visitó este jueves las instalaciones del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid, con la diputada Micaela Navarro, secretaria de Igualdad de ese organismo, y con Ángeles Álvarez, coordinadora de la Red Feminista de Organizaciones contra la Violencia de Género en España.
El objetivo de ambas reuniones es establecer la agenda de las movilizaciones internacionales en apoyo a las mujeres de Juárez.
Ortiz también se reunirá con representantes de la Red Contra la Violencia de Género, que aglutina a cientos de organizaciones civiles comprometidas con la campaña permanente de denuncia de la impunidad en el caso Ciudad Juárez, con apoyo de otras redes internacionales.
Navarro presentó ante el Congreso de Diputados de España el pasado 25 de junio, una propuesta para exigir al gobierno de México, con el apoyo de Naciones Unidas, que garantice los derechos humanos de las mujeres de Ciudad Juárez.
México y la Unión Europea ratificaron hace tres años un Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, que incluye una cláusula democrática.
Dicha cláusula está contenida en el Artículo 1 del Acuerdo Global, y establece que «los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales tal como se anuncian en la Declaración Universal de Derechos Humanos inspira las políticas internas y externas de las partes y constituye un elemento esencial del presente acuerdo».
La inclusión de esta cláusula retrasó durante varios años la firma del acuerdo.
2003/MB/LGL/MEL
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