Reformas a la Ley Electoral del Estado de Nuevo León para establecer el tope máximo del 70 por ciento de un mismo género en candidaturas a cargos de elección popular, así como la adición del delito de acoso sexual en el Código Penal, propusieron diputados y diputadas del Partido Acción Nacional, en el Congreso local.
Aunque la exposición de motivos de la propuesta de reforma a la Ley Electoral contiene una serie de imprecisiones como que «la mujer tiene casi cincuenta años de gozar el derecho al voto», y que «constituyen el 54 por ciento del total de la población en nuestro país», indica también sin embargo que las mujeres no tienen las mismas oportunidades de participar en política, al igual que los hombres, por lo que su ciudadanía está incompleta.
El documento de iniciativa solicita la modificación de los artículos 46, 113 y 114 de la ley vigente para agregar la promoción de una mayor participación de la mujer en la vida política, así como que «las candidaturas para diputados de mayoría relativa no podrán incluir más del setenta por ciento de candidatos de un mismo género, en cada fórmula integrada por un diputado propietario y su suplente».
Del mismo modo, para el registro e integración de las planillas de regidores y síndicos se propone incluir hasta un setenta por ciento de candidatos de un mismo género.
La iniciativa dice que «si bien es cierto (que) en nuestro país no existen discriminaciones legales o constitucionales que impidan a la mujer participar en política, si existen otras situaciones de orden cultural que inhiben la postulación de mujeres a cargos de elección popular.
«De esta manera, no se trata tan solo de participar e influir en las decisiones publicas y del Estado, sino también de construir una capacidad autónoma por parte del grupo social, denominado mujeres».
Por otro lado, la diputada Laura Paula López, también del PAN, presentó una iniciativa para adicionar el delito de acoso sexual al Código Penal del Estado de Nuevo León.
La tipificación de ese delito, de acuerdo a la diputada, ayudaría a prevenir delitos mayores contra la integridad de las mujeres. La propuesta contempla sanciones de entre tres meses a dos años de prisión, y multas de 10 a 30 salarios mínimos a quien atente contra las mujeres.
07/JMN/GG
