Las mujeres fueron separadas de los hombres en la Dirección General de Seguridad Pública de la ciudad de Guadalajara. Ahí, de par en par, fueron conducidas a un sótano donde las obligaron a desnudarse y hacer sentadillas, mientras varios agentes las observan, tras haber sido arrestadas durante la Tercera Cumbre de América Latina y el Caribe y la Unión Europea en mayo pasado.
Estas y muchas más violaciones a los derechos humanos de activistas fueron documentados en el informe de Amnistía Internacional (AI) «Abusos desoídos en Guadalajara: la resistencia a esclarecer violaciones de los derechos humanos sólo perpetúa la impunidad», dado a conocer hoy.
En la ciudad capital del estado de Jalisco, durante la Tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, las fuerzas policíacas tanto estatales como municipales incurrieron en una serie de abusos, – ahora documentados ampliamente por AI-, en contra de mujeres y hombres que se manifestaron pacíficamente durante la llamada «Cumbre de Guadalajara».
AI, señala que el pasado 28 de mayo, cerca de tres mil personas participaron en varias protestas, con motivo de la clausura de la cumbre, lo que derivó en actos de violencia, de los cuales las mujeres no estuvieron a salvo hasta ser detenidas por los cuerpos policíacos.
«Pasamos muchísimo miedo, pues pensamos que iban a golpearnos en cualquier momento, pero lo peor fue la violencia psicológica que vivimos», es el testimonio de Silvia Ordaz, de nacionalidad española, una de las arrestadas.
El caso de Liliana Galaviz, a quien se le diagnosticó trauma craneoencefálico leve, al parecer como consecuencia de los golpes propinados por los policías durante su detención, fue un escándalo y provocó la protesta airada y generalizada de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Ella, fue detenida el 28 de mayo de 2004, aproximadamente a las 19 horas por elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Jalisco mientras recibía atención médica de personal de la Cruz Roja en una estación del metro que se encuentra cerca de la calle 16 de Septiembre y Juárez, en el centro ciudad.
Ese día fue traslada a unos separos cerca de la Cruz Roja. Al día siguiente muy temprano, fue conducida por la policía estatal a la Dirección de Seguridad Pública donde se encontraban otros activistas detenidos y nuevamente fue objeto de agresiones tanto física como verbales por parte de los elementos de seguridad.
Una vez presentada ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), fue golpeada, incomunicada y obligada a firmar su declaración ministerial de cuyo contenido se le impidió enterarse.
AI, refirió que de acuerdo con un informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una activista más, Norma Martínez Loustalot, fue sometida por policías «con uniforme de color negro», quienes mediante golpes en el estómago y brazos, consumaron el arresto.
Sin mediar explicación, fue traslada a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Jalisco. En este lugar donde permaneció incomunicada y al que las otras, fue obligada a desnudarse y efectuar sentadillas en presencia de los elementos policíacos.
Según el testimonio de esta joven, documentado por AI, los detenidos varones, permanecieron durante el arresto en el piso boca abajo, mientras que policías se montaban sobre sus espaldas, para golpearlos.
Elsa Hernández Arguello, arrestada al filo de las 22 horas de ese mismo día, en la calle Colón, junto a un parque, fue golpeada y trasladada a unos separos, donde además los agentes policíacos la amenazaron con violarla.
Al día siguiente, la trasladaron a las instalaciones de la PGJE, lugar donde la golpearon –cuenta-, durante aproximadamente 25 minutos; después la llevaron a otro sitio, donde elementos de la policía investigadora, nuevamente la golpearo, esta vez, con el propósito de que rindiera su declaración aceptando su participación en los hechos violentos registrados durante la Cumbre.
A la fecha Hernández Arguello, continúa en prisión acusada de robo calificado, entre otros delitos. Las demás mujeres alcanzaron su libertad el 29 de mayo pasado, por haber cometido sólo «faltas administrativas».
AI, observó que el uso de la tortura como control policial o como método de investigación para obtener confesiones, viola tratados internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
En ese sentido, de acuerdo con el informe de AI, Jalisco dispone de legislación específica sobre tortura –Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura (21 de diciembre de 1993)-, derivada de la legislación federal en esta materia, sin embargo, como es obvio, se incumple en la entidad.
La organización internacional, recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó 118 detenciones durante la Cumbre de Guadalajara.
La Comisión concluyó que los cuerpos de Seguridad Pública municipal y estatal, así como agentes de la PGJE, incurrieron en graves violaciones de los derechos humanos durante y después de las detenciones.
De ahí, que el 6 septiembre de este año, la CND recomendará a las autoridades estatales la investigación de los hechos a fin de a deslindar responsabilidades sobre los funcionarios que se excedieron en sus funciones. Hasta la fecha, la recomendación continúa siendo rechazada por las autoridades locales.
En este contexto, AI concluyó que la respuesta de las autoridades estatales ante lo acontecido en mayo pasado, fue la justificación del abuso policíaco y el desprestigió de las y los manifestantes, demostrando una vez más que en México, la impunidad se antepone al Estado de Derecho.
2004/RG/SM
