Casi la mitad de las trabajadoras en Chile labora para el sector de servicios y, como el resto de la ciudadanía trabajadora, ve violentados sus derechos humanos y laborales, como la libre asociación sindical, la seguridad social y el derecho a huelga, debido a las políticas neoliberales que entraron a ese país al tiempo de la dictadura militar impuesta por Augusto Pinochet, en 1973.
Desde el modelo de desarrollo neoliberal que se impuso a partir del golpe de Estado en Chile, en 1973 hasta hoy, el movimiento sindical no está de acuerdo, ni acepta el modelo: precariza el empleo, desprotege la seguridad social, privatiza los servicios públicos y básicos, saquea recursos naturales, contamina y aumenta la pobreza.
Así lo informó María Angélica Vargas, lideresa sindical y trabajadora de la industria metalúrgica en Chile, durante el segundo congreso «Renovando estrategias contra el neoliberalismo», organizado por la asociación civil Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), que se celebró en la Ciudad de México del 25 al 27 de abril.
«A pesar de ser un país rico en recursos naturales, Chile es mayoritariamente de servicios, el 46 por ciento de las mujeres trabajan en servicios, el 25 por ciento en comercio y 11 por ciento en la industria manufacturera, 6 agricultura, 7 por ciento en establecimientos financieros, 3 por ciento en transportes, 3 por ciento comunicaciones y en minería 0.2 por ciento», refirió la sindicalista chilena, María Angélica Vargas.
En Chile «sólo el 30 por ciento de los empleos en este país son considerados decentes, el 49 por ciento de las y los trabajadores tienen temor a organizarse en algún sindicato porque son amedrentados por los patrones con perder el empleo, y el 8 por ciento está desempleado», informó Vargas.
La precarización del trabajo «tiene características del empleo con la subcontratación y la tercerización público y sector privado, los patrones pagan por hora, existen horarios flexibles», refirió. Asimismo, denunció que en este país sudamericano «el derecho a huelga en el sector privado está limitado y en el público no existe».
La integrante de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos de Chile, quien en 2002 fue electa dirigente nacional de la Confederación Nacional de Federaciones y Sindicatos de Trabajadores Metalúrgicos (Constramet) e es integrante del Comité Ejecutivo de la Confederación, describió que a través de la dictadura militar impuesta por Pinochet el movimiento sindical se debilitó, con la ayuda de la legislación laboral vigente propicia la privatización de servicios como la salud y educación.
Entre el 10 por ciento y el 12 por ciento de las y los trabajadores están sindicalizados. Esto se debe, dijo la dirigente sindical que la base trabajadora «teme a la afiliación y al desconocimiento de lo que son los sindicatos».
María Angélica Vargas fue electa dirigente nacional en 2002 y es responsable del departamento de mujeres y como tal ha representado y organizado a las mujeres metalúrgicas de la industria y servicios en Chile. También ha acudido, por parte de la organización, en encuentros de mujeres a nivel internacional en el marco de la Federación Internacional de Trabajadores Metalúrgicos (FITIM).
«Las políticas neoliberales en Chile representan la pérdida de valores humanos: prevalece el individualismo sobre el colectivismo, exacerba el consumismo, privatización de todo lo público y el fortaleció las transnacionales y el sector privado», refirió la sindicalista.
ANTES DE LA DICTADURA
En tanto, el sistema de seguridad social, «antes de 1973, era solidario de reparto, tripartito: aportaba el trabajador 12, la empresa 40 y el Estado aportes globales. Solidario porque las y los trabajadores activos financiaban a los pasivos, (8 activos a un inactivo, paso a 2 activos a 1, hasta que por cuestiones políticas entró el sistema entró en crisis y dejo de funcionar)».
Actualmente los ahorros para el retiro son administrados por la Asociación de Fondos Previsionales (AFP), a partir del 1 de mayo de 1981, se implanta la capitalización individual, lo cual quiere decir que aporta el 10 por ciento de su remuneración a esta cuenta, no hay aportes ni del gobierno, ni del patrón, no es solidario, es obligatorio pertenecer a este sistema.
Los Fondos individuales se invierten en el extranjero, ya que la mayoría son transnacionales y el sistema empezó operaciones con 22 AFP. Actualmente los ahorros de todas y todos los trabajadores chilenos están en manos de 5 empresarios extranjeros.
Las mujeres se jubilan a los 60 años y los varones a los 65 años y, al jubilarse recibiría, en teoría, el 75 por ciento de la remuneración. Pero, según cálculos oficiales, las y los trabajadores al jubilarse recibirán sólo el 50 por ciento de remuneración que recibiría por pensión de jubilación.
En suma, las remuneraciones afectan más a quienes perciben menores ingresos.
En marzo de 2007, el gobierno socialista chileno, encabezado por Michelle Bachelet, realizó una reforma al sistema provisional, con la cual las trabajadoras lograron un bono a las que tengan hijas e hijos a partir de julio de 2008, por 18 meses. Asimismo, les realizarán un aporte único de 250 mil pesos por cada hija o hijo nacido antes de 2008.
En tanto, a los empresarios se les autorizó a invertir los fondos de las y los trabajadores hasta en un 80 por ciento en el extranjero, aún con el riesgo que pierdan rentabilidad.
Además de que cuentan con la posibilidad de declarar y no pagar, los empleadores descuentan la cotización que el trabajador debe pagar a la AFP. Hay empleadores que la descuentan, la declaran pero no depositan el dinero.
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