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Trabajadoras del gobierno federal, discriminadas y excluidas

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

A pesar de ser el sector laboral más regulado, el personal de confianza femenino de la Administración Pública Federal (APF) ocupa en menor proporción que los varones puestos de alto mando, debido a que los procesos de evaluación que determinan los ascensos carecen de enfoque de género.
 
Así lo observó la investigadora Fernanda Vidal Correa, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, al participar en el II Seminario “Trabajo femenino asalariado y reproductivo en México”, al que convocó el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
 
La experta en participación política femenina realizó un estudio con 107 mil personas –mujeres y hombres– que forman parte del personal de confianza en 15 secretarías de la APF, a fin de determinar qué propicia que haya dependencias en las que las mexicanas nunca hayan ocupado altos cargos.
 
Vidal Correa detectó que sólo 34.3 por ciento de la APF –en todos los niveles– es representado por mujeres; en el puesto de “enlace” –que es el más bajo de toda la administración federal– 48 por ciento del total lo ocupan las trabajadoras.
 
Abundó que en ese cargo se perciben las remuneraciones más bajas, entre 7 mil a 10 mil pesos al mes, en comparación con los casi 100 mil pesos mensuales que se perciben en los puestos de directivos generales, adjuntos y de área.
 
La especialista informó que conforme sube el rango –y en consecuencia el ingreso– disminuye la participación femenina, ya que (de menor a mayor cargo) en las jefaturas de departamento 42 por ciento son mujeres; en las subdirecciones de área ellas suman 38 por ciento; en las direcciones, 35 por ciento, y en las direcciones generales representan sólo 25 por ciento.
 
Además, 20 por ciento de quienes ostentan el cargo de oficial mayor son mujeres; como titulares de unidad ellas representan 18 por ciento, y como subsecretarias de Estado las mujeres conforman  únicamente 16 por ciento.
 
La investigadora detalló que la forma en que se determina el rango y salario del personal de la APF es a través de los titulares de las secretarías de Estado y de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quienes realizan evaluaciones para determinar la profesionalización del personal, en las que se valoran temas como puntualidad, asistencias y productividad.
 
Esta forma de evaluación –observó Fernanda Vidal– es igual para mujeres y hombres, lo que “invisibiliza” que además de su jornada laboral, ellas dedican varias horas del día en actividades de cuidado y del hogar no remuneradas.
 
La investigadora también entrevistó a algunas mujeres del personal de la APF, y descubrió que algunas de ellas tienen que destinar su hora diaria de comida para ir a sus hogares, preparar los alimentos o recoger a sus hijas e hijos de la escuela.
 
Sin dar nombres, Vidal Correa dijo que algunas subsecretarias y secretarias de Estado expresaron que el hecho de que no tengan pareja, ni hijas o hijos, les permitió ascender en los rangos de mayor decisión.
 
Asimismo, las funcionarias consideraron que la concepción que tienen los líderes políticos o de grupo respecto a la participación femenina incide en que “se abran o se cierren puertas” para ellas.
 
Además, las subsecretarias y secretarias consultadas señalaron que las “redes” o la estructura interna de la APF están construidas “para los varones”, a lo que se suma que ellas reciben un trato diferente que se traduce, en algunos casos, en violencia o que las excluyan de las reuniones.
 
La experta concluyó que la disparidad de género en la APF empieza “desde la base”, ya que a los hombres se les confían más responsabilidades –lo que significa su ascenso–, mientras que las mujeres permanecen la mayor parte del tiempo en los cargos de menor jerarquía.
 
Fernanda Vidal precisó que su estudio parte de una base de datos que le brindó la propia APF, la cual no especifica sexo ni edad del personal, por lo que tuvo que determinar esta variable con base en el nombre de las personas.
 
Además, encontró que hay más de nueve mil puestos vacantes y 20 mil 60 nombres reservados, la mayoría adscritos a las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.
 
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