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Trabajan en pésimas condiciones periodistas de Guerrero

Por Luz María Orona Aguilar

Mujeres periodistas del sureño estado de Guerrero denunciaron hoy que carecen de prestaciones económicas, son agredidas en su trabajo profesional por quienes ocupan puestos de poder y líderes de diversas organizaciones y son citadas a declarar para que revelen sus fuentes de información.

Ante el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Bertoni, Araceli Garía Zamora, integrante del Sindicato Unico de Trabajadoras de los Medios de Comunicación del Estado de Guerrero reveló la situación en que laboran las informadoras de su estado.

García Zamora denunció que las agremiadas, la mayoría madres y jefas de familia, son obligadas a renunciar a las prestaciones que la Ley Federal del Trabajo (LFT) les otorga aún en estado de gravidez o de lo contrario son despedidas.

La periodista aseguró que las empresas que incurren en estas prácticas violatorias a los derechos laborales de las mujeres son, entre otras la estatal Agencia Mexicana de Noticias Notimex y Radio Red.

El relator de la CIDH, quien desde el lunes pasado realiza una visita de 10 días a México, escuchó las denuncias de más de 10 periodistas de Guerrero, quienes han sido objeto de amenazas, hostigados por parte de las autoridades y los retenes militares que les obstaculizan el desempeño de su trabajo.

La editora del diario El Sur, Maribel Gutiérrez, expuso a Eduardo Bertoni, que a raíz de un reportaje sobre una visita que realizó la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido, al estado de Guerrero, fue citada a declarar por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que revelara sus fuentes de información.

Digna Ochoa apareció muerta en su despacho de la colonia Roma el 19 de octubre de 2001, según la fiscal especial del caso, Margarita Guerra, la abogada veracruzana se suicidó.

Otro caso fue el de una reportera de un diario local, quien durante y después de su embarazo no recibió ningún apoyo económico de la empresa a pesar de que éste es un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

En su turno, el director del diario El Sur, Juan Angulo Osorio describió cómo el medio de comunicación que él dirige ha sido hostigado por las autoridades del estado, ya que al negarse a modificar su línea editorial y continuar la cobertura del proceso electoral local de forma plural, el gobernador René Juárez Cisneros, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), canceló un convenio de publicidad.

El representante del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, solicitó que se homologue la legislación interna con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y que se tipifiquen las agresiones y homicidios de periodistas como delitos federales.

Bertoni por su parte, se comprometió a analizar los casos y en los que así lo ameriten, emitir una recomendación. Durante su visita, se entrevistará con organizaciones de periodistas, asociaciones civiles y académicas para recibir denuncias, analizar la situación de los medios de comunicación mexicanos y elaborar un informe, mismo que presentará ante la CIDH.

2003/LMO/MM/MEL

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