Amnistía Internacional (AI) analizará la nueva sentencia condenatoria en contra de Teresa González y Alberta Alcántara, dos mujeres indígenas otomíes falsamente acusadas de haber secuestrado agentes de la AFI en Querétaro en 2006, y apoyará los esfuerzos de las dos mujeres, sus familiares y sus abogados, en su lucha por la justicia y la libertad.
En un comunicado, AI declara que recibió con enorme decepción la decisión de un juez federal de esta condena, que refleja la grave debilidad del sistema de justicia mexicano que, al no garantizar su derecho a un juicio justo, discrimina a las personas más vulnerables.
Tal es el caso de Teresa y Alberta, declaradas por ese organismo internacional como presas de conciencia, al considerar que el único motivo de su procesamiento y prolongada permanencia en prisión es el hecho de ser mujeres, indígenas y vivir en condiciones de pobreza.
Este caso, añade el documento, representa un emblema sobre la forma en que las y los indígenas en México enfrentan recurrentemente procesos injustos en razón de su identidad.
Las dos mujeres han sido objeto de un proceso basado en la fabricación de evidencias por parte del Ministerio Público federal, a pesar de que la defensa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demostraron las irregularidades de la investigación y la falta de credibilidad de las declaraciones de los agentes de la AFI involucrados.
La sentencia en contra de Teresa y Alberta se basa en estas pruebas sin garantizar la presunción de inocencia o la igualdad procesal entre la defensa y la acusación, mismos que son elementos fundamentales de un juicio justo, precisa AI.
Enfatiza que esta nueva condena, solo animará a las y los integrantes de AI en el mundo para trabajar más intensamente por la libertad inmediata e incondicional de Teresa y Alberta.
LA FAMILIA
Gabriel Alcántara Juan, hermano de Alberta y esposo de Teresa González, informó en entrevista telefónica con Cimacnoticias que el gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, se comunicó con ellos este lunes para ofrecerles una audiencia privada en los próximos días, a fin de analizar las acciones para buscar la libertad de las mujeres otomíes.
El entrevistado dijo que el ejecutivo local refirió que habló directamente con el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, para solicitar la colaboración de la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a la liberación de Alberta y Teresa.
Cabe recordar que la PGR siempre ha tenido una postura acusatoria contra Alberta y Teresa, incluso el 25 de noviembre pasado que presentó sus conclusiones del segundo juicio contra ellas pidió al juez Rodolfo Pedraza Longi que les dictara 40 años de prisión.
Alberta y Teresa fueron detenidas el 3 de agosto de 2006 junto con Jacinta Francisco Marcial, y las acusaron de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro contra seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).
A pesar de que se les juzga por los mismos hechos y los mismos elementos de prueba, Jacinta ya obtuvo su libertad en septiembre pasado luego de que Hans Eduardo Muñoz López, magistrado del Tribunal Unitario de Distrito ordenó la reposición del proceso penal por las irregularidades en la investigación.
En un primer momento, las tres fueron condenadas a 21 años de prisión y 91 mil pesos de multa por Pedraza Longi por los hechos ocurridos en el tianguis de Santiago Mexquititlan el 26 de marzo de 2006 cuando los agentes federales llegaron al lugar armados, vestidos de civil y sin orden de cateo a despojar a los tianguistas de sus pertenencias.
Teresa se encontraba en el lugar debido a que ella y su esposo Gabriel tenían un puesto de discos en el tianguis y ante la actitud de los agentes, ella les exigió que se identificaran y en ese momento llegó su cuñada Alberta quien la apoyó en la petición a los AFI.
Tres meses después las detuvieron sin ninguna otra prueba que unas fotografías periodísticas.
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