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Trabajo informal y corrupción, priva en las minas de Coahuila

Por Guadalupe Cruz Jaimes

Oralia Martínez y Diana Rodríguez, viudas de mineros fallecidos en la zona carbonífera de Coahuila en 2009, y 2010, respectivamente, se sumaron al reclamo de justicia de las familias de los 63 mineros fallecidos en Pasta de Conchos, quienes permanecen desde hace dos semanas en el campamento del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ubicado en el Zócalo capitalino.

En protesta por la entrega de Pasta de Conchos, a Grupo México, y el desalojo violento de las familias de los trabajadores, caídos en ese yacimiento, hace más de cuatro años, así como por la falta de seguridad e higiene, con la que opera la mayor parte de los pozos y minas en la región carbonífera, Oralia y Diana sostienen que se mantendrán en pie de lucha.

Oralia Martínez tiene 24 años de edad, su esposo, el minero Juan Ramón Juárez, era un año menor que ella cuando falleció, el 11 de septiembre de 2009 en un pozo Constructora Ferber. El pozo tenía un mes de haber sido clausurado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero los patrones continuaron operando.

“A ellos no les dijeron nada, nosotras nos enteramos porque fuimos a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)”, añadió la joven de tez morena, de la que ahora dependen 3 niños, el mayor de siete años y la menor de un año de edad.

Juan Ramón había trabajado en otras minas, la mayoría sin condiciones seguras para laborar. En el pozo Ferber llevaba 8 meses. Por la muerte de su esposo, Oralia recibe 2 mil 800 pesos mensuales, los cuales apenas le alcanzan para la manutención de su hija e hijos.

Ella, actualmente, pelea ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que reconozcan que el fallecimiento del joven de 23 años de edad, fue un accidente de trabajo, y de este modo, pueda recibir la indemnización que conforme a la ley laboral le corresponde, pues, expresó que “en el Seguro me dicen que ya no tengo derecho a nada”.

De acuerdo con Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos, e integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), tras la explosión en Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006, han muerto 40 trabajadores más, en minas que operan sin condiciones de seguridad e higiene.

Para el gobierno federal, en pensiones, las viudas y las hijas e hijos de estos mineros le cuestan el equivalente a 700 pesos al mes, esa cantidad es un poco más de lo que vale una tonelada de carbón. Al año, cada víctima, le cuesta 12 toneladas de carbón, y cada minero produce mil 40 toneladas de carbón anuales para el país, señaló Auerbach.

En Nueva Rosita, de donde es originaria Oralia, como en Progreso, el pueblo de Diana Rodríguez, la mayoría de los hombres se dedican al carbón, “por eso estamos aquí, para exigir mejores condiciones de trabajo para ellos”.

Así lo manifestó Diana, viuda de Jesús García Ayala, minero que falleció el pasado 20 de mayo en Pozo Vertical 4, propiedad de Jorge García, profesor jubilado de Progreso, Coahuila.

Diana, tiene 30 años de edad, su esposo era tres años mayor que ella, comenta, mientras recuerda lo que ocurrió el día en que murió Jesús.

“Me platicaron que él y su compañero no completaron las dos últimas carretillas para hacer las nueve toneladas, se tuvieron que regresar para que tuvieran su pago completo, al picar una pared, ésta se le fue encima a mi marido, porque la empujó el agua. Ahí hay mucha agua, la presión lo tumbó. Murió ahogado”.

Hacía dos semanas que la persona encargada de revisar los pozos no lo hacía, además al igual que el pozo de Constructora Ferber, éste estaba clausurado por la STPS.

“A pesar de estar clausurado, el dueño metió madera nueva para seguir trabajándolo, y empezó a contratar gente”, mencionó Diana.

“A los patrones no les interesa la vida de los trabajadores, sólo les importan las ganancias. Y los inspectores de la STPS no hacen lo que deben, si cumplieran con su labor, no ocurrirían tantas muertes”, sostiene la viuda.

En Progreso, dijo, se comunican entre los dueños de los pozos, se avisan: “ahí va inspección, les hacen una carne asada, les compran uno o dos cartones de cerveza, y los inspectores ya no van a checar. Todo es ilegal. Inspección se vende”, afirmó.

En la región carbonífera de Coahuila, 60 por ciento de los trabajadores son informales, laboran sin ninguna protección social, no figuran en las estadísticas oficiales, y las autoridades no redactan actos de defunción cuando mueren, señaló Manuel Fuentes Muñiz, abogado de la OFPC, durante la 99 conferencia de la Organización Internacional del Trabajo.

De igual modo, el especialista en justicia laboral, indicó que el IMSS, no realiza inspecciones en las zonas mineras para verificar el estatuto de los mineros, y la Inspección del Trabajo, no lleva a cabo investigaciones, para detectar los lugares de trabajo clandestinos.

10/GCJ/LR/LGL

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