El Estado mexicano, en la práctica, está traicionando a las mujeres de Chihuahua a las que se comprometió a proteger, pues ha hecho muy poco y demasiado tarde para enfrentar el problema, afirmó Carlos Mario Gómez, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México.
Los hechos demuestran que el Estado mexicano está incumpliendo su compromiso de erradicar los asesinatos y la violencia contra las mujeres, sostuvo Gómez, al presentar el informe 2005 del organismo sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, titulado «Una nueva y peligrosa agenda».
Afirmó que los recientes asesinatos de dos niñas en Ciudad Juárez, forman parte del patrón de violencia feminicida que se registra en esa ciudad fronteriza desde hace más de diez años, en el que la mayor parte de las víctimas -30 por ciento- eran adolescentes de entre 13 y 17 años, y se inscribe en las condiciones de impunidad que prevalecen en la entidad.
El activista recordó que no se ha tomado acción legal alguna en el caso de los 100 servidores públicos que incurrieron en irregularidades al integrar las averiguaciones previas de 150 casos, según el informe de la Fiscal Especial, María López Urbina, «por lo que se mantiene la impunidad y los perpetradores siguen libres con la aquiescencia del Estado».
Las acciones del gobierno federal para combatir la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, agregó, han sido limitadas, pues la Comisionada Especial, Guadalupe Morfín, que no cuenta con recursos suficientes ni acceso a los expedientes que le permitan ir al fondo de las causas.
Explicó que la Fiscal Especial enfrenta un problema similar, pues se ha concentrado en el estudio de los procesos de investigación, pero carece de facultades para iniciar una acción penal contra quienes incurrieron en irregularidades, porque es una conducta que corresponde al fuero común.
LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
Carlos Gómez sostuvo que el Estado mexicano «le está jugando chueco» a los derechos humanos en el país, particularmente en el ámbito de los estados, donde la detención arbitraria, la tortura, los malos tratos y el abuso del sistema judicial fueron habituales durante 2004.
Destacó además que durante 2004 no se logró más que un progreso limitado en el procesamiento de personas que cometieron violaciones de derechos humanos en el pasado y la violencia política acompañó las elecciones en varios estados, varios defensores de derechos humanos fueron amenazados y tres periodistas asesinados.
Mientras persistan esas graves violaciones, el Estado mexicano seguirá traicionando los valores de Derechos Humanos que se comprometió a cumplir hace 60 años, advirtió Gómez.
AI concluye que los gobiernos en el mundo no están cumpliendo su promesa de establecer un orden mundial basado en los derechos humanos sino que están siguiendo una nueva y peligrosa agenda, que utiliza el lenguaje de la libertad y la justicia para aplicar políticas de miedo e inseguridad.
LAS MUJERES EN EL MUNDO
El informe de AI señala que durante 2004 se evidenció la fragilidad de las mujeres ante la violencia, tanto en los conflictos armados como en el ámbito familiar.
De manera especial, el documento destaca la preocupación por el alcance de la violencia contra las mujeres y niñas de Afganistán, dos años después de que se pusiera fin al régimen talibán, pues el riesgo de ser objeto de violaciones y violencia sexual, tanto por miembros de las facciones armadas como de ex combatientes, sigue siendo elevado.
Los matrimonios forzados, especialmente de niñas menores, y la violencia contra las mujeres en el seno de la familia fueron hechos generalizados en muchas zonas del país, señala el informe, que da cuenta de la campaña de AI en favor de las decenas de miles de mujeres y niñas víctimas de violaciones durante el prolongado conflicto de la República Democrática del Congo.
La situación de las mujeres en la Federación Rusa no fue mejor, cerca de 36 mil de ellas son víctimas todos los días de palizas por parte de sus esposos o compañeros y, pese a ello, la violencia doméstica no está reconocida como un delito ni se permite a los funcionarios imponer sanciones administrativas o multas a los agresores como advertencia.
2005/LG/SJ
