Tras 6 años se dignan diputados a dictaminar Ley de Violencia

Con seis años de retraso, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó esta semana por fin el proyecto de Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
 
Se espera que en días próximos la iniciativa –elaborada desde hace seis años por organizaciones civiles como Articulación de Mujeres por la Equidad y la Igualdad (Amupei), Fundación La Paz, y Católicas por el Derecho a Decidir– sea aprobada en el Pleno y se envíe al Senado boliviano para su ratificación.
 
El proyecto contempla definir los diferentes tipos de violencia de género que se ejercen contra las mujeres y como punto principal incluye la tipificación del delito de feminicidio, que de acuerdo con estimaciones del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem) cobra la vida de una boliviana cada tres días.
 
El Observatorio Manuela sobre Violencia, Feminicidio y Mujeres en Riesgo (dependiente del Cidem) informó que durante 2010 se difundieron en la prensa 89 casos de feminicidio, de los cuales más del 50 por ciento fueron cometidos por las parejas de las víctimas.
 
Entre enero y agosto de 2011 se registraron 65 casos de feminicidio, y entre enero y octubre de 2012 se supo de 71.
 
De acuerdo con las organizaciones que han impulsado la ley contra la violencia, es fundamental que la versión que sea aprobada mantenga el espíritu de la propuesta, pues en ella se definen las sanciones para los delitos, y los mecanismos de acción, prevención y atención a mujeres víctimas de violencia.
 
El artículo 252 Bis del proyecto de ley define que el feminicidio se comete cuando se asesine a una mujer por misoginia u odio hacia ellas, se haya ejercido violencia contra la víctima con anterioridad, o se haya pretendido establecer una relación de enamoramiento, pareja o de intimidad con la víctima.
 
También estipula que la sanción para quien cometa feminicidio será de 30 años de prisión.
 
El proyecto fue aprobado una semana después de que la periodista Hanalí Huaycho, de 36 años, fue asesinada a puñaladas presuntamente por su esposo, un teniente de la policía, situación que provocó movilizaciones sociales de repudio al crimen y para exigir a las autoridades que garanticen una vida libre de violencia para las bolivianas.
 
Natasha Loayza, oficial nacional de Programas de UNIFEM en Bolivia, informó en agosto pasado que el país sudamericano es la nación de América Latina (AL) con el nivel más alto de violencia física contra las mujeres, y el segundo más alto en violencia sexual después de Haití, ya que según las últimas estadísticas, en Bolivia 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia.
 
El proyecto de ley determina que la violencia de género “se constituye en cualquier acción u omisión abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer; le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer”.
       
Igualmente plantea la implementación de un Sistema Plurinacional de Protección Integral, e implica a los órganos estatales, la Fiscalía, el Instituto de Investigaciones Forenses, la Policía Boliviana, la Defensoría del Pueblo, y las Fuerzas Armadas, entre otras dependencias.
 
Actualmente las mujeres bolivianas sólo son protegidas jurídicamente por la Ley 1674, aprobada en 1995, la cual aborda sólo la violencia en la familia o doméstica y establece sanciones con multas y arrestos.
 
De decretarse la nueva ley y tipificarse el feminicidio, Bolivia podría unirse a los países de AL y el Caribe que cuentan con una norma que ha tipificado al feminicidio como un delito: México, Costa Rica, Guatemala, Chile, El Salvador, Perú, Nicaragua, y recientemente Argentina.
 
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