El gobierno de Oaxaca retomará el acompañamiento jurídico para 40 jornaleros presos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Nogales, Sonora, acusados por el delito de tráfico de personas por autoridades de Estados Unidos.
La comisionada para la Defensa de los Derechos Humanos del Ejecutivo estatal, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, informó que luego de conocer la denuncia planeada por esposas, madres e hijas de los inculpados a través de Cimacnoticias se conformó una mesa de trabajo para revisar los expedientes de los oaxaqueños.
Explicó que el gobernador Gabino Cué instruyó a los funcionarios de su gabinete para que se coordinen y establezcan comunicación con las y los involucrados, así como con las dependencias federales y estatales relacionadas con el asunto.
Para esto, el coordinador de Financiamiento y Vinculación Internacional, Raúl Bolaños Cacho, será el encargado de organizar el apoyo interinstitucional a las familias de los oaxaqueños presos. Mientras que Cruzvillegas Fuentes fungirá como apoyo en dicha tarea.
Aseguró que una de las primeras tareas en la revisión de cada uno de los expedientes será valorar la situación jurídica de los jornaleros a la vez de garantizar el cumplimiento del debido proceso.
Hace unos días, esposas, madres e hijas de unos 40 jornaleros oaxaqueños presos en el penal de Nogales, acusados por Estados Unidos de tráfico de personas, se quejaron de que el gobierno de Oaxaca no había dado apoyo jurídico a sus familiares.
En una carta, los jornaleros explicaron que 20 de ellos fueron detenidos entre 2008 y 2010 y otros tantos en 2011 al internarse sin documentos en Arizona, donde los contratarían para la cosecha de legumbres, pero los repatriaron y los acusaron de ser traficantes.
«Fuimos entregados por los oficiales de enlace binacional luego que la migra nos fichó y encarceló en Arizona. Nos obligaron a firmar papeles en blanco; nos acreditan declaraciones que no dimos. Muchos no sabemos hablar español», señalaron.
Afirmaron que a Rufino Domínguez, director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, no le interesa resolver la situación de sus paisanos pese a conocer el problema, pues desde febrero pasado han enviado cartas al gobierno estatal y a organismos de Derechos Humanos sin recibir respuesta.
11/PB/RMB
