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Tres mujeres más asesinadas y no llega dinero contra violencia

Por la Redacción
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La plataforma del 7N condenó los nuevos asesinatos de mujeres este fin de semana en Madrid y Murcia a manos de sus parejas, en medio de la indignación mostrada en Madrid en la marcha, bajo el lema “Sin presupuestos ni participación las violencias machistas no serán Cuestión de Estado”, que exigió la urgente asignación de  partidas presupuestarias para combatir esta lacra.

La indignación y denuncia de la pasividad de las instituciones y de quienes pueden hacer algo para amortiguar ese tipo de violencia ha sido compartida desde voces expertas, organizaciones feministas y mujeres que se niegan a ubicar el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres como una catástrofe natural, como prolongación de lo irremediable, como destino al que resignarse.

Si los poderes públicos, y al frente de ellos el Gobierno central, no habilita de inmediato recursos y presupuestos para hacer frente al terrorismo machista, que este año ha matado a 37 mujeres y 9 niñas y niños, tendrá que asumir la responsabilidad que les corresponde, denuncia el Movimiento del 7N .

Poco antes de que comenzara este fin de semana trágico, cientos de personas, principalmente mujeres, pedían al Gobierno y a los grupos parlamentarios que incrementen en unos 120 millones de euros la partida específicamente destinada a combatir la violencia de género en los PGE para 2017.

La movilización, convocada por la Plataforma 7N, contó con el apoyo de más de 40 asociaciones feministas, sindicatos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, que marcharon desde la puerta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la madrileño Paseo del Prado, hasta la plaza de la Cibeles.

Los colectivos reclamaron la modificación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, denunciando que las políticas contra la discriminación y la violencia suman 47.47 millones de euros, es decir, un 0.01 por ciento del presupuesto de 2017, lo cual, en un Estado donde 2.5 millones de mujeres ha sufrido alguna vez violencia de pareja y 1.5 millones sufre violencia sexual fuera de la pareja, supone una ofensa para las víctimas y una vergüenza para todas.

Pero los conservadores rechazaron el jueves en la comisión de presupuestos todas las enmiendas presentadas por la oposición para mejorar la prevención y atención a las víctimas y para reforzar las políticas de igualdad. Ni siquiera aceptaron una propuesta que pedía desgravaciones fiscales para los donantes del Fondo de Becas Soledad Cazorla, unas becas promovidas por la familia de la primera fiscala contra la violencia sobre la mujer fallecida en 2015 con el objetivo de ayudar a las víctimas más olvidadas e invisibles: las huérfanas y los huérfanos de las madres asesinadas.

PACTO DE ESTADO

Llevamos meses escuchando declaraciones en torno a un pacto de Estado que no verá la luz si no se destinan recursos para su implementación. Expertas han participado en la subcomisión del Congreso aportando sugerencias e iniciativas, basadas en una valiosa experiencia de años de lucha. Pero nos encontramos con el muro de la indiferencia, el desconocimiento y la falta de voluntad política para poner la cuestión en un lugar prioritario. Y no es tolerable que en nuestro país hayan sido asesinadas 34 mujeres en cinco meses. Que la violencia sea estructural no puede relegarla a un lugar terciario, aparentemente inexistente.

Eso ha querido denunciar el informe de Amnistía Internacional que lleva por título “El llanto invisible”. La diferencia entre el número de mujeres que refieren ser víctimas y el número de denuncias contra sus agresores es tal que pone en evidencia una realidad invisible, mayor y más sobrecogedora aún que la conocida.

En primer lugar, las cifras dinamitan la falacia de las denuncias falsas, falacia con la que violentos y cómplices enmascaran las verdaderas causas de la violencia y la legitiman. En el marco de esta campaña, hoy 30 de mayo, en una única representación en el Teatro Maravillas, María Lavalle canta contra la violencia de género. Amnistía Internacional quiere volver a llamar la atención sobre la necesidad de evaluar la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género desde su entrada en vigor en 2004.

IMPLICACIÓN SOCIAL Y MEDIOS  

El asesinato de mujeres provoca la reacción inmediata de las instituciones más cercanas (ayuntamientos y comunidad) con minutos de silencio y concentraciones a las puertas de las sedes; pero esta respuesta, con ser necesaria, ya no basta, porque la legítima e indispensable indignación social se estrella una y otra vez contra la fría estadística de los números y de un terrorismo machista que debe ser combatido con toda la fuerza del Estado.

“Si las formaciones políticas, las instituciones, los poderes públicos y la sociedad civil no consiguen a la mayor brevedad convertir el terrorismo machista en cuestión de Estado, las herramientas para combatirlo siempre serán insuficientes y así no se puede seguir”, advierte el Movimiento del 7N.

Por otro lado, las organizaciones feministas agrupadas en torno al 7N reiteran su llamamiento a los medios de comunicación para que eviten abordar la violencia de género con la frivolidad de una página de sucesos. El tratamiento de los medios deja mucho que desear. En las noticias se deshumaniza a las mujeres, e incluso es habitual culpabilizar a la víctima de su destino y encontrarnos con la frase: “ninguna de las tres mujeres había denunciado”, como si por no denunciar tuvieran que ser asesinadas. En lugar de culpabilizarnos se debería averiguar por qué las mujeres no denunciamos y qué sucede cuando lo hacemos.

La última Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer analiza las razones por las cuales las mujeres no denuncian, y una de esas razones es que “piensan que no les van a creer”. La idea de que las mujeres mentimos y que tenemos que demostrar lo que decimos sigue pensando demasiado en la sociedad actual.

“Las mujeres no mueren, son asesinadas”, y no estamos ante la simple crónica de un trágico suceso, sino ante una plaga de atentados machistas que constituye un verdadero problema social y político, recuerdan desde la Plataforma 7N.

17/RED

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