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Tribunal ciudadano condena a Nicaragua por violentar a mujeres

Por Nelson Rodríguez, corresponsal

El Primer Tribunal de Conciencia que sesionó en esta capital nicaragüense conoció el caso de Ángela Esperanza, una joven de 23 años de edad, madre de cuatro hijos y sobreviviente de feminicidio, y determinó que hubo falta de justicia y de medidas preventivas.
 
El Tribunal lo integraron las expertas en derecho de las mujeres y con amplia experiencia en el área penalista, Karla Micheel Salas, de México; Pabla Santamaría, de Chile, e Isabel Agatón, de Colombia, quienes fueron convocadas por la Red de Mujeres Contra la Violencia y otras organizaciones feministas.
 
Karla Micheel Salas, presidenta del Tribunal, dijo que quedó claro en el juicio que el caso era representativo de muchos otros que se presentan en Nicaragua, donde lamentablemente las mujeres no acceden a la justicia por la falta de aplicación de las leyes y de los tratados internacionales de los cuales el Estado nicaragüense es firmante.
 
“Hacemos una serie de recomendaciones para atender la situación estructural de esta inaplicación de la ley”, es claro que la reglamentación de la Ley 779 (Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres) es inconstitucional porque se contradice con los tratados que Nicaragua ha firmado, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), y la propia Constitución del país centroamericano.
 
De acuerdo con el Tribunal, el Estado de Nicaragua no está cumpliendo con sus obligaciones nacionales e internacionales, pues el país cuenta con un marco jurídico que de ser aplicado eficazmente podría dar una respuesta a las miles de mujeres que están siendo víctimas de violencia.
 
Para Reina Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, este Tribunal ha sido un espacio público que tuvo  carácter simbólico y educativo, para el cual se invitaron a todas las instancias estatales  involucradas, pero lamentablemente sólo asistió la Procuraduría de la Mujer.
 
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien además es Juez Permanente de los Pueblos, dijo que en Nicaragua hay un contexto “verdaderamente dramático”, ya que no es posible que en el país que se jacta de ser el más seguro de Centroamérica en menos de una semana asesinaran a tres mujeres.
 
No sólo debemos buscar responsabilidades en los actores directos, sino también la falta de justicia de una política seria por parte del Estado para promover la seguridad de las nicaragüenses, refirió Núñez.
 
Quien está en el banquillo de los acusados en este momento es el Estado porque no ha tenido la capacidad de garantizar la seguridad de las mujeres y promover que se haga justicia, reiteró la activista.
 
La Red de Mujeres contra la Violencia ha registrado hasta el pasado 13 de noviembre 50 casos de feminicidio, lo cual las mantiene preocupadas, e instó a las autoridades estatales, policía, fiscales, jueces y otras instituciones a que apliquen la Ley 779 y sobre todo las medidas preventivas para salvar la vida de las mujeres.
 
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