El Partido Acción Nacional sigue dando de qué hablar. Con la soberbia que otorga el poder, la derecha mexicana sigue empecinada en aplicar su doctrina conservadora, retrógrada y «mocha» –por más que la disfrace de democrática, plural e incluyente– al violentar los derechos políticos, sexuales y sociales de la población, en especial de las mujeres.
Ejemplo de ello es la demanda de inconstitucionalidad presentada el pasado 14 de diciembre ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el líder nacional del blanquiazul, Luis Felipe Bravo Mena, en contra de las recientes reformas al Código Electoral del estado de Coahuila que garantizan una mayor participación política de las mujeres.
El recurso presentado por el PAN indignó a los movimientos feministas estatal y nacional, los cuales llamaron a la movilización para detener la iniciativa «que evidencia la doble moral de Acción Nacional», dijo Marina Arvizu, dirigente en Coahuila de la agrupación política Diversa.
La acción impugnaba artículos referentes a la obligación de los partidos políticos para que presenten sus listas de candidatos a puestos de elección popular, diputados y regidores, sin que ninguno de los sexos tenga más de 70 por ciento.
Pero en un comunicado el pasado 11 de enero, la directiva panista anunció que «a la brevedad posible» solicitará a la SCJN desestime la demanda de inconstitucionalidad en materia de asignación de cuotas por género, toda vez que tras un «análisis minucioso consideramos que la impugnación no concuerda con las acciones que el partido ha venido realizando desde hace varios años, para promover activamente la participación de la mujer en la vida política nacional y del partido».
«La reforma hecha a la Ley Electoral del estado de Coahuila en materia de asignación de cuotas por género no agravia en modo alguno ni al PAN ni a la ciudadanía coahuilense», dijo la dirigencia panista tras percatarse del aparente error.
Como ésta, hay otras «perlas» que tras el arribo al poder federal del blanquiazul en el año 2000, se multiplican a lo largo del país. Organismos civiles de defensa de derechos humanos, sexuales y reproductivos hacen el recuento de varios hechos:
– Las declaraciones del secretario del Trabajo, Carlos Abascal, el pasado 8 de marzo para advertir «sobre el peligro del desarrollo que obliga a la mujer a abandonar el hogar para trabajar»; así como la oposición del funcionario a que los adolescentes lean novelas como «Aura» de Carlos Fuentes.
Y, apenas el pasado viernes 18 de enero, el secretario del Trabajo pidió «pruebas» a un grupo de trabajadoras que denunciaron acoso sexual al interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
– El caso de Paulina, la menor de 13 años que fue violada en Mexicali en julio de 1999 y que hasta la fecha aún no encuentra justicia. Las autoridades panistas, en complicidad con Provida, le negaron su derecho al aborto legal.
– Las «razzias» policiacas que ya son comunes en los parques de Monterrey, Nuevo León, para detener a las parejas que demuestran su afecto en público.
– La movilización de Grupos Provida en Mérida, Yucatán, contra una clínica que ofrece realizar abortos por causales establecidas en las leyes estatales, a saber: razones eugenésicas, peligro a la vida materna y motivos económicos.
Al calor de esta ola de intolerancia, algunos representates del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a finales del 2001 intentaron reformar el Código Penal en el Congreso de Chihuahua, con miras a exculpar a los violadores si demostraban «provocación» de las víctimas. La movilización ciudadana, que busca el contrapeso ante cada acción de la derecha, logró se diera marcha atrás a la medida en Chihuahua.
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