El Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California ratificó la sentencia de 16 años de prisión, emitida por la juez primero de lo penal Zenaida Tafoya en contra de Julio César Cedeño, uno de los violadores de Paulina, la menor a la que las autoridades estatales le negaron el recurso del aborto legal por violación.
Entrevistada vía telefónica, la representante legal de Paulina, Socorro Maya, consideró importante que hoy en día los magistrados visualicen la agresión sexual más allá del embarazo. Igualmente opinó que la violación tumultuaria debe ser castigada.
Dijo que el dictamen del tribunal estatal así como la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a la llamada «Ley Robles» reivindican a las mujeres violadas, y en el caso de Paulina evidencia el hecho de que la instancia judicial dio credibilidad a su palabra cuando identificó a uno de sus agresores.
Por otro lado, la defensora del caso Paulina informó que en la tercera semana del mes de febrero llegará a Mexicali Mónica Roa, representante del Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas con sede en Washington, quien integrará la información más reciente sobre el caso para difundirla internacionalmente, con miras a que el gobierno mexicano reglamente el aborto no punible en caso de violación.
De lograrse tal reglamentación, podría exigirse que los hospitales tengan cuotas de médicos dispuestos a realizar la interrupción del embarazo, de tal forma que se ejerciten los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas.
Opinó que en el Distrito Federal, la resolución de la SCJN que calificó de «histórica» da solidez al Estado laico e independencia al Poder Judicial, marcando un hito en la historia legislativa en México a pesar del momento político que vive la nación.
Por lo que respecta a Baja California, Socorro Maya indicó que es necesaria continuar la lucha de las mujeres para lograr que el Congreso local reglamente el aborto legal, para que se llenen los vacíos en la legislación que conducen a que se violenten los derechos reproductivos de las mujeres tal y como ocurrió con Paulina.
Por otro lado, dijo que recientemente la Comisión de Derechos Humanos Estatal emitió una recomendación al gobierno por actos de tortura ocurridos durante la gestión del ex procurador general de Justicia del estado Juan Manuel Salazar Pimentel, quien justamente es la persona que condujo a Paulina con un sacerdote para que la convenciera de no recurrir al aborto, pese que fue violada a los 13 años de edad.
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