El área jurídica de la Secretaría de Salud (SS) ultima los detalles para revocar el convenio de colaboración de esa dependencia con el grupo conservador Provida y exigirle la devolución de los recursos públicos que malversó con el pretexto de ofrecer protección a embarazos no deseados.
Así lo confirmaron hoy fuentes de la SS sobre la demanda civil que anunció el secretario Julio Frenk al comparecer la semana pasada ante la Cámara de Diputados sobre el caso del fraude Provida y el desvío de recursos públicos orquestado por el ex diputado Luis Pazos y denunciado por organizaciones feministas.
Con miras a la demanda, el área jurídica de la SS está calculando el monto a reclamar ya que las irregularidades detectadas por la contraloría de la Secretaría de Salud son inferiores a los 30 millones de pesos asignados al convenio para apoyar a los Centros de Atención a la Mujer (CAM), albergues para mujeres convencidas de no abortar que fueron clausurados.
Esta será otra demanda que se suma a la denuncia penal que presentaron diputadas y diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el apoderado legal del Comité Nacional Provida, Jorge Serrano Limón, y su vicepresidenta Rocío Gálvez.
En próximos días también, los perredistas presentarán también ante la PGR una demanda penal contra el ex legislador del Partido Acción Nacional (PAN) y actual director de Banobras, Luis Pazos, por haber desviado durante la pasada legislatura fondos del erario público al grupo Provida.
2004/MR/LR/SM
