El 2011 ha sido un año de contrastes en temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. Mientras se han logrado avances como el fortalecimiento del trabajo de auditoría ciudadana a través del Observatorio en Salud Reproductiva, de la Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva y del Grupo Multidisciplinario para la Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos, entre otros, los discursos predominantes en la campaña electoral que duró varios meses -y que tuvo como ganador a un ex-militar- estuvieron permeados por el desconocimiento, los prejuicios y la indiferencia ante los dramas humanos que implica la falta de educación, prevención y atención en aspectos asociados con la sexualidad humana.
Las estadísticas
En Guatemala los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son severamente limitados por las inequidades de género y etnia que ubican a las jóvenes y mujeres, sobre todo indígenas y del área rural, en desventaja respecto a sus parejas, limitando su autonomía para decidir sobre su sexualidad y maternidad.
Además, el Estado no garantiza las condiciones sociales favorables para asumir los embarazos, que incluyen información pertinente, una alimentación adecuada, cuidados prenatales y de atención al parto. De manera que un buen porcentaje de mujeres gestantes enfrenta el embarazo y la maternidad en situación precaria y de alta vulnerabilidad.
En este contexto, la salud reproductiva presenta un perfil preocupante observable en los indicadores de embarazo en adolescentes y de mortalidad materna. En el 2011 se reportaron más de 47 mil casos embarazos en adolescentes entre los 10 a 17 años quienes, muchas veces, ven truncadas sus posibilidades de desarrollo personal. Muchos de estos embarazos son resultado de abusos y violación sexual, de acuerdo con el seguimiento que ha realizado el Observatorio en Salud Reproductiva. Esta violencia también es una de las principales causas que llevan al aborto, practicado en condiciones insalubres que ponen en riesgo la vida de las mujeres, ya que sigue siendo tipificado como un delito en la legislación nacional.
Las muertes maternas siguen siendo altas en el país, según el Estudio Nacional de Mortalidad Materna, 2007, presentado en diciembre 2011, donde se señala que se registraron 137 muertes maternas en el 2007, lo cual si bien representó una reducción de 8.7 por ciento respecto al período (2000-2007), con un descenso promedio de 1.24 por ciento anual, aún sitúan al país con una de las tasas más altas en América Latina, según admitió la doctora Miriam Betancourt, coordinadora del Programa Nacional de Salud Reproductiva. Éstos son los datos oficiales más recientes, lo cual muestra las dificultades para contar con información actualizada en una problemática tan sensible.
Las cifras que arroja el estudio indican que son nueve departamentos donde se concentran los casos de mortalidad materna, seis de ellos tienen un alto porcentaje de población indígena. De hecho, la razón de mortalidad materna es significativamente mayor entre mujeres indígenas, 163.0, que entre mujeres ladinas 77.7. Asimismo, la incidencia en el área rural es mucho más alta con 66.3 por ciento de casos, respecto al área urbana que registra 33.7 por ciento.
Otras condiciones, como la escolaridad y la alta fecundidad, también exponen a las mujeres a morir durante o después del parto. Según el informe citado, realizado por el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 88 por ciento de las muertes ocurren en mujeres con ninguna o poca escolaridad, y los casos son más frecuentes entre mujeres que han tenido más de cuatro hijos e hijas.
Cabe señalar que las muertes maternas continúan debido a varios factores: de orden cultural asociados con el machismo en el hogar ya que, muchas veces, es el esposo quien decide cuándo trasladar a la parturienta; de orden económico, por la falta de recursos para pagar el transporte o una atención especializada cuando hay casos de alto riesgo. También la falta de servicios adecuados, cercanos y en idiomas mayas, hace la diferencia entre la vida o la muerte de una mujer que, en pleno siglo veintiuno, arriesga su vida al momento del parto.
A este panorama deben sumarse el avance de la epidemia del VIH-Sida sobre todo en mujeres de 20 a 24 años y las limitaciones en el acceso a los métodos de planificación familiar, particularmente en poblaciones con baja escolaridad y residentes en lugares distantes de la red de salud.
Respuesta estatal
Aunque el Congreso de la República aprobó la ley de Maternidad Saludable en el 2010, ésta aún carece de un reglamento y de recursos que permitan su implementación. Entre las recomendaciones del Estudio sobre Mortalidad Materna ya mencionado, se planteó elaborar la política nacional sobre Maternidad Saludable y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las mujeres embarazadas, la provisión de los refuerzos vitamínicos y el acceso a inmunizaciones. Asimismo, proveer cobertura y el acceso universal a servicios de atención materna ? neonatal de calidad, con enfoque de género e interculturalidad. Y una muy importante, como es efectuar acciones de educación en salud reproductiva en todos los niveles educativos y a través de medios nacionales de comunicación social
En esa línea, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación iniciaron un plan piloto sobre educación sexual en los departamentos con mayores índices de mortalidad materna y embarazos en adolescentes. Para dar cumplimiento a esos compromisos la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) sigue de cerca este proceso y participó activamente en el segundo seminario «Prevenir con Educación», realizado en diciembre 2011.
Iniciativas ciudadanas
La grave situación de los derechos sexuales y reproductivos moviliza a organizaciones de mujeres, feministas y de la sociedad civil, para incidir en el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Como parte de las acciones que realiza la Organización Tierra Viva, desde hace más de una década promueve la campaña contra los fundamentalismos, como medio para despenalizar el aborto y continúa con un monitoreo de medios sobre derechos sexuales y reproductivos. En una línea coincidente, trabaja el Grupo Multidisciplinario por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Mientras la Agencia de Noticias CERIGUA destaca en la cobertura y tratamiento de noticias sobre derechos sexuales y reproductivos, generadas particularmente a nivel departamental.
El Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR) siguió organizando Encuentros de Comadronas y apoyando la socialización de las salas situacionales presentadas por el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva a nivel departamental, así como acciones de incidencia tanto en el Congreso de la República como ante las autoridades estatales de salud.
La Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, la Nutrición y la Educación (Redmisar) logró la inclusión de un artículo en la Ley de Presupuesto 2012 para adquirir insumos anticonceptivos a costos accesibles con organismos internacionales especializados en la materia. A esta acción se sumó la Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos (CNAA).
La Asociación Feersigua y el mecanismo de los pueblos indígenas Oxlajuj Tz?ikin presentaron la investigación «Mujeres indígenas trabajadoras del sexo en Chimaltenango: condiciones sociales, derechos sexuales y reproductivos», que aborda un tema que ha sido considerado tabú en las comunidades indígenas.
La Asociación Pro Bienestar de la Familia (Aprofam) promovió la organización del colectivo Jóvenes sin Censura por la Educación Sexual Integral y una página virtual de información, consulta y asesoría especializada en educación sexual para jóvenes.
La Asociación Tan Uxil, con sede en Petén, produce el programa «Sexo tips radio» y la radionovela «La ruleta», además de creativas campañas de educación sexual dirigidas a jóvenes, particularmente de la región norte del país.
Este año también inició la Campaña Nacional por la Educación Sexual, promovida por 10 organizaciones, con el objetivo de que adolescentes y jóvenes puedan exigir la implementación de la educación sexual en centros educativos públicos y privados y en los servicios de salud, así como el cumplimiento de la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicio de Planificación Familiar.
Balance
Los patrones culturales y religiosos, la falta de recursos en el sistema de salud, la negligencia y la violencia son factores que siguen impidiendo a las mujeres ejercer sus derechos a decidir sobre su propio cuerpo, a tener información sexual científica y laica, así como atención de calidad en relación a su sexualidad y vida reproductiva. En el 2011 se observaron avances y retrocesos; quienes trabajan por los derechos sexuales y reproductivos esperan que las nuevas autoridades que tomarán posesión el 14 de enero, continúen las buenas prácticas y tengan como brújula estratégica los derechos de las mujeres.
* Corresponsales en Guatemala e integrantes de Red Mujeres al Aire / Voces de Mujeres.
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