La Comisión Permanente del Congreso de la Unión guardó un minuto de silencio por el asesinato de la activista, Marisela Escobedo Ortiz, el 16 de diciembre pasado, y demandó a las autoridades federales y estatales investigar los hechos y sancionar a quien resulte responsable.
Durante la primera sesión de la Comisión Permanente, senadores y diputados lamentaron el asesinato de la defensora de Derechos Humanos a las puertas del Palacio de Gobierno del estado de Chihuahua, donde reclamaba justicia por la muerte de su hija, Rubí Marisol Frayre.
Exhortó a las autoridades federales y estatales de procuración de justicia para que, en plena colaboración interinstitucional y en el ámbito de sus respectivas competencias, avancen para logar la detención de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino confeso de Rubí Marisol.
En un punto de acuerdo promovido por los legisladores Enoé Uranga Muñoz, René Arce Círigo, Pedro Joaquín Coldwell y Carlos Sotelo García, entre otros, también se hizo un llamado a la Procuraduría del estado de Chihuahua para que se esclarezca este asesinato y se castigue a quien resulte responsable.
La Comisión Permanente pidió que la Subcomisión para el Estado de Chihuahua de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, exija una respuesta inmediata de las autoridades sobre el crimen de Marisela.
El punto de acuerdo, avalado por los legisladores, precisa que durante dos años la activista viajó a la Ciudad de México para solicitar audiencia con Felipe Calderón y con el procurador federal Arturo Chávez Chávez, quienes no la recibieron.
«La solicitud de Marisela generó molestia, regaños y desprecios, aunque logró entrevistarse con el Fiscal del estado de Chihuahua que le prometió que revisaría su caso», precisa el documento.
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