En México «hay cierto descontento de parte de las organizaciones de la sociedad civil» porque no sienten que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sea una institución que apoye el trabajo de los defensores de los derechos humanos, que fortalezca el trabajo, que puntualice aspectos importantes en la materia y que de alguna manera «obligue» al nuevo gobierno a establecer una agenda de derechos humanos, afirma la abogada Soraya Long Saborío.
Entrevistada por Cimacnoticias al término del Seminario Internacional «El Derecho a Defender los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión», convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) el día de ayer, la abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) señaló que en algunos países latinoamericanos existe «alguna preocupación» porque el comportamiento de la institución (Comisión) depende de quién lo encabece y entonces a veces esta figura pierde credibilidad, objetividad y es donde ocurren las crisis de estas comisiones.
Sobre la partidización de las Comisiones, la abogada señaló que puede haber dos formas de frenar que los partidos políticos den línea a las comisiones, dado que es el Congreso quien elige a sus titulares.
Por lo que se pronunció porque exista un mecanismo de elección, en donde los candidatos a Ombudsman sean propuestos por entidades independientes y no por los congresos, como actualmente sucede, ya que de esta forma éste se vería limitado en la elección.
O bien, dijo, también dependerá del comportamiento ético de la persona elegida, porque una cosa es tener alguna filiación política y otra que en la función de derechos humanos «cumpla con los intereses de este partido en lugar de los intereses del puesto para el que fue electo, que es la protección de los derechos humanos».
Soraya Long Saborío explicó que la «efectividad» de las comisiones de derechos humanos está en si tienen una verdadera incidencia política dentro de la estructura del Estado para que éste luego ejecute las recomendaciones.
«La efectividad está en eso, si el Estado cumple con esa recomendación, porque de esa manera se reivindica el derecho violado» agregó.
07/LG/GG
