La liberación de Nadia Zepeda; el informe del ombudsman nacional, José Luis Soberanes, a la Comisión Especial de Seguimiento a los Feminicidios, y la comparecencia del procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, fueron los acontecimientos que marcaron una semana en la que, nuevamente, los derechos de las mujeres fueron tema y materia de debate.
La semana, que había comenzado sombría con el escenario planteado en el informe de Soberanes, concluyó con una buena noticia. El jueves 25 de agosto Nadia Zepeda, la joven, ahora de 20 años, detenida sin una acusación y abusada sexualmente por elementos del desaparecido grupo Sagitario de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal luego de resistirse a ser violada, abandonó el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla.
Nadia salió de prisión porque se le concedió el beneficio de preliberación tras purgar 60 por ciento de la condena que se le impuso por narcomenudeo en un proceso irregular. Horas después de su liberación, la joven anunciaba su determinación de pelear porque su inocencia sea reconocida legalmente y se le repare el daño moral y económico causado a ella y a su familia.
«Quiero recuperar mi vida. No quiero que esto vaya a seguirme; que cuando vaya a pedir un trabajo me digan ‘tú estuviste en la cárcel’», advirtió en una conferencia de prensa acompañada de por madre, Carmen Molina, y el equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que llevó su defensa y promovió, con otras organizaciones, su liberación.
Nadia quiere más. Quiere su libertad después de ser víctima de discriminación en el acceso a la justicia. Ahora todavía tiene que ir cada semana a firmar ante el juzgado que llevó su caso; asegura no es el único, pues estando en prisión conoció por lo menos a otras 10 mujeres detenidas por el grupo Sagitario en condiciones similares a las suyas.
Su caso formará parte de un informe que prepara Amnistía Internacional llamado Discriminación en el acceso a la justicia en México, el cual se difundirá en octubre o noviembre.
La reunión del ombudsman nacional, José Luis Soberanes, con integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a los Feminicidios, centró nuevamente la atención en la violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua.
Nada de lo que Soberanes informó a las legisladoras les era desconocido. Cada señalamiento sobre la falta de coordinación entre las instancias de gobierno y la urgencia de aplicar medidas efectivas que permitan garantizar la vida y la seguridad de las mujeres ha sido planteado una y otra vez por las diputadas y las senadoras sin que, hasta el momento, las autoridades indiquen concretamente qué es lo que ha fallado.
Pero mientras el ombudsman insistía en ver únicamente «la paja en el ojo ajeno», las legisladoras le recordaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no ha vuelto a pronunciarse desde 1998 en torno al tema y le solicitaron elaborar una segunda recomendación.
Soberanes y sus colaboradores reconocieron que la recomendación emitida entonces, la 44/98, sigue pendiente de cumplimiento, pero argumentaron que el organismo está impedido por ley para emitir una segunda recomendación sobre el tema, aun cuando la ley a la que se refieren es el reglamento interno de la CNDH, es decir, un ordenamiento administrativo que no debería contraponerse a las facultades que otorgan la Constitución y la Ley Orgánica de la Comisión a su titular.
Como muestra de voluntad política, la Comisión Especial le pidió atender a estos dos ordenamientos e incluir en la nueva recomendación los casos registrados después de 1998 y los 23 que atrajo al ámbito federal la Procuraduría General de la República.
La violencia contra las mujeres fue también tema en la comparecencia del procurador Daniel Cabeza de Vaca ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado. En la reunión, en la que el funcionario detalló a los legisladores la geografía de la delincuencia organizada en el país, la diputada Marcela Lagarde, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a los Feminicidios, le pidió incluir el feminicidio en el mapa de la violencia de la PGR.
En la reunión, el funcionario también confirmó que trabaja con las legisladoras en el diseño de la nueva Fiscalía Especializada para atender los delitos violentos contra las mujeres, propuesta surgida de la Cámara de Diputados, y explicó que se están tratando de definir las competencias del nuevo órgano, así como una reforma que impulse a cada entidad federativa a crear una instancia similar.
05/LG/YT
