El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) criticó la inoperancia del Protocolo Alba, un mecanismo de búsqueda rápida de niñas y mujeres desaparecidas, que de 2005 a 2010 sólo se activó en 31 ocasiones en ese estado.
En opinión de la feminista e integrante de Cedehm, Alma Gómez, este mecanismo tiene elementos discriminatorios que reproducen la cultura patriarcal y misógina de los operadores de justicia, por lo que afirmó que es urgente que sea reformado.
De acuerdo con datos de la organización, obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, de 2005 a agosto de 2010 el Protocolo Alba se activó únicamente en 31 ocasiones, es decir cinco veces por año, cuando tan sólo en 2010 se registraron 110 casos de mujeres desaparecidas.
VIGILANCIA
Ante la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el incremento de casos de feminicidio, organismos internacionales de Naciones Unidas y del sistema interamericano de Derechos Humanos recomendaron a México adoptar mecanismos de prevención y protección.
Es así que el 22 de julio de 2003 se puso en marcha el Operativo Alba en el estado fronterizo con el objetivo de vigilar minuciosamente las zonas clasificadas como «de alto riesgo» para mujeres, y aquellos lugares donde se encontraron víctimas de homicidio.
Dos años después, el 12 de mayo de 2005, se creó el Protocolo Alba, una serie de procedimientos para la reacción y coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en caso de desaparición de mujeres y niñas en el municipio de Ciudad Juárez.
De acuerdo con la activista, este protocolo coordina a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría estatal; a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y municipal; y a la Dirección General de Tránsito Municipal.
También participan la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la
Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
LA RUTA DE ACCIÓN
Cuando una mujer desaparece se puede poner un «reporte de extravío» ante cualquiera de las autoridades integrantes del protocolo, y éstas a su vez deben atender a la familia afectada o a quien denuncia y de inmediato avisar a las demás autoridades.
Esto significa que en las primeras 48 horas del hecho, cada institución buscará a la niña o mujer desaparecida en el servicio médico forense, las cárceles, los refugios, albergues, en las oficinas de migración, el consulado, y en cualquier lugar donde tengan acceso.
Con esta ruta de acción –que también prevé la búsqueda en hoteles, centros comerciales y rastreos aéreos y terrestres–, se pretende localizar a la persona lo más pronto posible, sin embargo en promedio el protocolo se activa cinco veces al año, aunque en 2010 se reportaron 110 mujeres desaparecidas.
En opinión de Alma Gómez, este protocolo es discriminatorio porque sólo se activa en casos de alto riesgo, es decir, cuando la víctima tenía una rutina estable, si se extravió en el centro de la ciudad y si no tuvo motivo para abandonar el hogar.
Al final, advierte la defensora de Derechos Humanos, depende del criterio de quien toma la denuncia considerar que la desaparición es o no de alto riesgo, y es inoperante toda vez que de 2005 a 2010 sólo fueron localizadas 23 personas, y las autoridades no han aclarado si fueron encontradas con vida o no.
MECANISMO BUROCRÁTICO
De acuerdo con datos de la Conavim, de 2008 a 2011 el protocolo se activó en 24 ocasiones: tres en 2008, cinco en 2009, siete en 2010, y nueve en lo que va de 2011. En total se han localizado a nueve personas con vida y una muerta en estos cuatro años.
Información presentada por la Conavim revela que cuando una niña o mujer desparece, en un lapso de una hora esta institución investiga en 75 albergues y hospitales; además envía el reporte del caso a 40 organizaciones de la sociedad civil que pueden colaborar en su difusión.
Sin embargo, Alma Gómez asegura que no se toma en cuenta a las organizaciones y que en realidad estas actividades de búsqueda no se realizan, no participan los medios de comunicación y las autoridades no están coordinadas, lo que resulta en un mecanismo burocrático nada rápido para localizar a personas desaparecidas.
Ante este panorama, la activista demanda que se cumpla con la sentencia de Campo Algodonero –que se refiere a tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, en 2001–, que mandata a estandarizar los protocolos de actuación con normas internacionales en la materia.
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