Frente a la tumba de sus familiares, María Vásquez y Elena Pérez, sobrevivientes de la masacre del 22 de diciembre de 1997 pidieron se integre una Comisión internacional de la verdad que investigue a fondo el asesinato de 45 indígenas de Acteal, 21 de los cuales eran mujeres –cuatro de ellas embarazadas–, así como nueve niñas y niños, algunos menores de un año de edad.
Elena Pérez Jiménez lleva once años pidiendo justicia para sus sobrinas, su papá, sus hermanos y su cuñada, víctimas de la matanza cometida en Acteal, municipio de Chenalho, Chiapas.
Ella, como varias mujeres de esa comunidad chiapaneca, no habla español. Tenía 20 años cuando perdió a siete integrantes de su familia. Asegura que no hubo ningún enfrentamiento el 22 de diciembre de 1997 en Acteal; lo que hubo, asevera, fue una masacre, porque nadie de los asesinados o sobrevivientes estaba armado, los paramilitares rodearon la comunidad y después asesinaron a quienes oraban en la ermita. Durante seis horas estuvieron persiguiendo y disparando a los habitantes de Acteal. Ella logró escapar.
Dice que fueron como cien los que participaron en la matanza, identifica a varios por nombre y apellido, porque vivían en Acteal o en otras comunidades cercanas, como Los Chorros y La Esperanza. Algunos de los sobrevivientes reconocen a los autores materiales de la masacre, todavía viven en Chenalho, caminan por la carretera frente a la escultura de la «infamia», que está en la entrada de Acteal, sin que nadie les diga algo.
Después de la liberación de 20 de quienes fueron acusados como autores materiales, Elena ya no cree en la justicia mexicana; recuerda que durante varios días los sobrevivientes pidieron una reunión con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y jamás fueron recibidos. Esa misma Corte fue la que ordenó la liberación de los responsables de la masacre por faltas al debido proceso.
Los que fueron liberados, no fue por ser inocentes dice la indígena, sino por la decisión de unas cuantas personas. La noticia de que les darán tierras y apoyo económico a los excarcelados no le cayó nada bien, pues «premian a quienes tienen las manos llenas de sangre», dice Elena en tzotzil.
María Vásquez Gómez tampoco habla español; en su lengua materna cuenta que los asesinatos en Chenalho comenzaron antes del 22 de diciembre de 1997.
Desde septiembre, agrega, los indígenas que simpatizaban con el gobierno en turno los amedrentaban y les exigían cooperaciones para comprar armas y combatir a los zapatistas.
«Nosotros decíamos que no éramos zapatistas, pero que tampoco del gobierno y nos decían que si no cooperábamos era porque éramos zapatistas y entonces nos iban a quemar nuestras casas y nos iban a matar», relata en tzotzil María.
Para ella, las armas con que mataron a sus familiares fueron proporcionadas por el gobierno, aunque fueron indígenas del propio municipio quienes las utilizaron. Dice sentir temor por la liberación de 20 de los acusados como autores materiales de la matanza de Acteal. Para ella tampoco hay dudas: todos los encarcelados son culpables y hay muchos más que participaron y nunca fueron detenidos.
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