Para conocer de viva voz la situación de la explotación sexual comercial infantil (ESCI) en nuestro país, por invitación del gobierno mexicano la relatora de la ONU, Ofelia Calcetas-Santos, presentó en 1997 un informe especial.
El documento era el resultado de una investigación que Calcetas realizó en cuatro regiones –centro, dos en el sur y norte— donde constató la existencia de este fenómeno, hizo además varias recomendaciones al gobierno subrayando la importancia de tener «una firme voluntad política» como algo imprescindible para combatirlo.
Ante la evidencia del problema, señala el documento, «la falta de estadísticas y datos sobre el alcance de la explotación sexual comercial del menor no debe servir de excusa para no aplicar medidas de prevención e intervención».
Un estudio de UNICEF, DIF y el Centro de Investigaciones y Estudios Antropológicos y Sociales (CIESAS), «Infancia Robada», estimó que en México había 16 mil menores en esta situación.
En enero de 2002 UNICEF impulsó la campaña «Abre los Ojos» junto con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); Procuraduría General de la República (PGR), con un sistema de denuncia vía telefónica, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Su objetivo era sensibilizar «a todos los actores de la sociedad, a fin de que la situación en la que se encuentran las niñas, niños y jóvenes víctimas sea vista como un delito y una violación grave a sus derechos humanos».
En la presentación el ex procurador de la República, Rafael Macedo de la Concha, justificó que con la campaña México cumplía con los compromisos internacionales para evitar el abuso de las y los menores, días antes había entrado en vigor el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y el uso de niños en la pornografía.
Según Ana Teresa Aranda, ex directora general del DIF y actual secretaria de Desarrollo Social, en 2003 la campaña abarcaba 41 ciudades de ocho entidades del país con una inversión de ocho millones de pesos. La iniciativa fue criticada por diversas ONG y fuentes oficiales por la carencia de recursos, estar desarticulada y tener poco presupuesto.
Teresa Ulloa, directora de la Coalición Contra el Tráfico de mujeres, niñas y niños para AL y el Caribe, denunció que la Secretaría de Educación Pública se había negado a colaborar con las asociaciones civiles para abordar el tema en las escuelas y con las y los maestros.
Según la memoria del Foro Internacional sobre Explotación Sexual Infantil, el director general de Tráfico y Contrabando de la Policía Federal Preventiva, señaló que la corrupción, la ausencia de reglamentaciones concretas y la clandestinidad obstaculizaban el trabajo de esta corporación en los puntos de venta para la ESCI.
REDES DE PEDERASTAS
Con la cooperación y asistencia de autoridades, principalmente el DIF, la representación de UNICEF, y organizaciones civiles, Ofelia Calcetas hizo una investigación personal «sobre el terreno» en el DF, puerto de Veracruz y Xalapa, Cancún y especialmente en Tijuana y Ciudad Juárez.
Del DF señala como evidente «la abundancia de niñas y niños callejeros», cuyas condiciones de vida propician la prostitución y que son contactados por explotadores en la Villa de Guadalupe, Alameda Central y Chapultepec.
«La mayoría de las niñas se trasladan en busca de empleo y terminan en la calle sin dinero ni alojamiento. En muchos casos, han huido de una situación familiar violenta y son vulnerables a la explotación de proxenetas o ‘padrotes’ cuando llegan y no conocen a nadie».
Se confirmó que en ocasiones y con la anuencia de la familia las niñas son inducidas por un padrote, «novio» o un «presunto marido» que prometen buscarles un empleo y que con frecuencia les prestan dinero por anticipado para crear una relación de dependencia.
Calcetas refiere que en 1994 se observó un aumento de la prostitución infantil de niñas procedentes de Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz, y que un estudio de Espacios del Desarrollo Integral (EDIAC) calculaba que el 50 por ciento de mujeres que se prostituían eran menores de entre 15 y 16 años la mayoría.
Con frecuencia «son explotadas no sólo por sus proxenetas, también por la policía, propietarios de loncherías y cafés y funcionarios administrativos locales» que exigen dinero a cambio de «protección».
En el puerto de Veracruz se verificó que en las calles existía prostitución infantil y funcionarios observaron que había menores dedicados a la prostitución en la periferia, los confines de los asentamientos rurales y urbanos y el centro de Xalapa.
Registra que durante una visita a EU, en diciembre de 1996, Ofelia Calcetas supo que había operadores que, al parecer, organizaban visitas a México para hombres que deseaban viajar especialmente para tener relaciones sexuales con niñas.
Cuando preguntó sobre el tema en el Departamento de Turismo en Cancún, con una «actitud defensiva» le negaron la existencia o posible riesgo de turismo sexual en esta ciudad.
Los casos más graves fueron Juárez y Tijuana, ciudades fronterizas con un fenómeno creciente de ESCI donde las y los menores migrantes –de entre 7 y 17 años, la mayoría de 12 y 14 años– que atraviesan la frontera entre México y EU «corren el riesgo de ser explotados sexualmente».
Cita el caso de un niño de 14 años, violado por un ciudadano americano que al ser llevado al Tribunal de menores de San Diego, «condujo al descubrimiento de una red de personas que atraían a las y los niños de la calle para dedicarlos a la prostitución y la pornografía».
Servicios sexuales que se calculaba costaban desde 10 dólares para un niño «usado», hasta 100 dólares para menores más jóvenes e inexpertos.
Hoy, nueve años del informe de la ONU, las autoridades mexicanas siguen hablando de 16 mil menores explotados sexualmente, el reporte cada vez más frecuente de casos parece confirmar que no es un fenómeno aislado sino que forma parte de redes de pederastas que operan en México.
06/CV/LR
