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Una pintita más

Por Cecilia Lavalle

Una pintita más al tigre y parece leopardo. Así está nuestro sistema de procuración de justicia. Se anuncia con bombo y platillo la captura de “infames delincuentes” y luego algún juez sale con la novedad de que no hay pruebas suficientes para culparlos. La Procuraduría General de la República queda en entredicho y la ciudadanía -que juzga en función de la poca o mucha atención que le den los medios masivos al caso- se queda con la duda: ¿eran inocentes o se trata de otro caso más de impunidad? Eso sin contar con la sensación de que la justicia es más bien un producto de mala calidad que no se hace en México. Acaba de volver a suceder.

El 24 de marzo del año pasado, la nota de ocho columnas era el anuncio de la captura de 42 funcionarios y ex servidores públicos involucrados en una red de tráfico de migrantes que operaba en 12 estados de la República. La mayoría de los detenidos eran agentes y empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) y, supuestamente, proporcionaban documentos oficiales en forma ilegal y facilitaban el ingreso de cientos de personas a Estados Unidos.

La detención de estas personas se llevó a cabo, explicaron entonces las autoridades, tras dos años de investigación en el marco de lo que se denominó pomposamente Operativo Limpieza, mismo que se presumió como el más grande en su tipo realizado por el gobierno federal al interior de sus estructuras.

Con todo y la estridencia con la que se anunció este golpe al tráfico ilegal de personas, poco les duró el gusto a las autoridades responsables, porque de inmediato cayó la duda sobre el caso. Y es que resulta que se detuvo en calidad de jefa de la banda de polleros a la señora Artemisa Aguilar Moreno, suegra de Santiago Pando, importante publicista que realizó los anuncios de Vicente Fox durante su campaña presidencial. Las relaciones cultivadas por Santiago le permitieron hablar de la inocencia de su suegra en los más prestigiados noticiarios y darle notoriedad a la campaña que desde entonces realizó para abogar por la inocencia de Artemisa.

Así, por ejemplo, pudo mostrar la manera sencilla y modesta con la que vivía su suegra y la debilidad de los testimonios que la inculpaban. Ganó, pues, la batalla mediática, y dejó en buena parte de la ciudadanía la percepción de que se estaba cometiendo una enorme injusticia. El proceso legal corrió su lento y parsimonioso curso, y tras 18 meses, una jueza absolvió a Artemisa por falta de pruebas. Lo mismo ha sucedido con la mayoría de los inculpados, de manera que el famoso Operativo Limpieza quedó en “operativo ridículo”. Del total de detenidos ya nada más quedan siete en prisión.

Casos como éste abonan la percepción ciudadana de que nuestro sistema de procuración de justicia simplemente no funciona. Es más: este descalabro a la procuraduría de justicia se suma a otros igualmente escandalosos en este mismo sexenio. Recordemos el caso de Nahúm Acosta, ex coordinador de giras del presidente Fox, acusado de tener nexos con el Cártel de Juárez y posteriormente liberado por falta de pruebas.

Recordemos también el caso del arquitecto confundido con un peligroso narcotraficante al que luego le dijeron: “usted disculpe”. Recordemos, asimismo, el caso de Nadia Zepeda, quien fuera injustamente acusada de traficar con drogas y violada por los mismos elementos policíacos que la detuvieron. Ella salió libre sin el “usted disculpe” y sin que se procesara a los sujetos que la agredieron. En fin, historias de terror como las que se viven cuando el gobierno comete una injusticia acaso son tantas como las que se padecen con la grosera impunidad que nos rodea.

Entonces, nos quedamos con varias interrogantes: ¿Cómo podemos defendernos las y los ciudadanos simples y comunes de una procuraduría aparentemente tan peligrosa como ineficiente? Porque queda la impresión de que los que deberían estar en la cárcel no lo están y, por otro lado que, evidentemente y sin mayor sustento, cualquiera puede ser acusado de lo que sea y pasar de ser un ciudadano común a un infame delincuente.

¿Por qué en México se considera a una persona culpable en tanto no demuestre lo contrario? Artemisa, por ejemplo, pasó 18 meses en la cárcel. ¿Quién le devuelve el tiempo perdido?, ¿Quién resarce su angustia, su dolor, su pena? ¿Quién responde por todo el trastorno que esto causó a su familia? ¿Quién le regresa el prestigio? Porque aunque gracias a su yerno la percepción puede ser que es una ciudadana inocente, no faltará quien crea que es una delincuente y que es un caso más de impunidad.

¿Quién le devuelve a la familia lo que ha gastado en abogados y trámites? ¿Quién o quiénes son sancionados cuando se comete una injusticia? ¿Cuántas personas inocentes permanecen en las cárceles esperando la resolución absolutoria de un juez? Y, por último, ¿cómo distinguir entre un caso de injusticia y uno de impunidad?

Me parece que mientras el tigre parezca leopardo las preguntas se quedarán sin respuesta.

Apreciaría sus comentarios: [email protected]

*Periodista mexicana

05/CL/YT

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