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Unamg: las instituciones, cómplices de feminicidio en Guatemala

Por la Redacción

El silencio, la escasa investigación y la libertad de que gozan los actores materiales e intelectuales de los asesinatos de mujeres, convierte a las fuerzas de seguridad en cómplices de estos hechos, manifestó a Ana María Monzón, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg).

De acuerdo con una investigación realizada por el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua) en cinco medios de comunicación escrita, del 2002 al 2003 se han registrado 379 casos de asesinato en contra de mujeres, mientras que en lo que va del año se reporta un promedio de dos asesinatos por día.

En opinión de la entrevistada, se creyó que con el cambio de gobierno se implementarían nuevas acciones de seguridad que detuvieran el femicidio, sin embargo, la impunidad continúa latente, hecho que a su parecer hace cómplices convierte a las fuerzas de seguridad de estos hechos.

Las investigaciones realizadas por estas instituciones estatales se han dedicado sólo a determinar la tipología de los asesinos y no a localizarlos y apresarlos, por lo que no son funcionales, ya que la inseguridad y los crímenes contra mujeres no sólo prevalecen sino se incrementan cada día.

A decir de la feminista, una de las razones por la que las autoridades guardan silencio es porque Guatemala es un país con una cultura patriarcal muy enraizada, pero el problema es que esto da inmunidad y poder a los actores de toda esta violencia.

Monzón hizo un llamado a las fuerzas de seguridad y a los gobernantes para que impulsen medidas efectivas que detengan la violencia, principalmente la dirigida hacia las mujeres, la cual, aunque no se perciba, afecta a la sociedad en su conjunto.

Cabe decir que, de acuerdo a un documento emitido por la organización Amnistía Internacional (AI) sobre violencia dirigida a las mujeres, los Estados tienen el deber de garantizar que nadie sea sometido a tortura ni malos tratos, con independencia de que estos sean cometidos por agentes oficiales del Estado, o ciudadanos particulares.

Agregando además que en todas las circunstancias el Estado está permitiendo que continúe la violencia contra la mujer cuando se registra la ausencia de protección del Estado que incluye la complicidad, el consentimiento, la aquiescencia y la ausencia de la debida diligencia, concluye el informe de AI.

2004/BJ

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